n día después de los enfrentamientos en el municipio cruceño de San Julián a raíz del intento falllido de desbloqueo de la ruta Santa Cruz-Beni, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Pedro Callisaya, se pronunció este domingo y pidió que la Fiscalía investigue la presencia de grupos de choque y el uso de armas de fuego y explosivos.
“Durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos, situación que debe ser objeto de investigación objetiva y transparente por el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades individuales”, se lee en un comunicado de la entidad defensorial.
La Defensoría del Pueblo, siempre en su comunicado, recordó que toda actuación del Estado en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad personal.
En la línea de recomendaciones realizadas por la CIDH y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), la Defensoría del Pueblo sostuvo que es fundamental que “el Estado no estimule estas conductas y actúe para prevenir la organización de grupos que se autoproclaman como fuerzas de seguridad”.
“La constitución de grupos paraestatales y de choque en contextos de crisis no solo es ilegal sino altamente riesgosa”, puntualizó.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos violentos que se produjeron este sábado en Sasn Julián y que dejaron un total de 33 personas heridas, entre civiles y policías.
Entre los civiles lesionados, 24 presentaron “heridas leves y moderadas”, por lo que fueron dadas de alta, mientras que dos personas fueron internadas en centros de salud “para ser intervenidas quirúrgicamente, una por herida de bala”.
Sobre los siete efectivos policiales, “cuatro fueron atendidos por heridas de armas de fuego, uno de ellos (herido en la cabeza) permanece en terapia intensiva”.
La institución recuerda que el derecho internacional no protege el ejercicio del derecho a la protesta, cuando se evidencian actos de violencia extrema e indica que se habría evidenciado la presencia de “actores paraestatales y grupos de choque”, además del uso de armas de fuego y explosivos.
