n marcha las aprehensiones selectivas de operadores en los bloqueos y movilizaciones del evismo que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En los dos últimos días, agentes de Inteligencia de la Policía aprehendieron a tres de ellos: un dirigente vecinal de El Alto, una dirigente del trópico que llegó a El Alto y una exsenadora del MAS.
Justino Apaza, presidente de una de las juntas vecinales de El Alto, quien reapareció en el último cabildo realizado en El Alto y el que también participó Mario Argollo, principal dirigente de la COB, fue sometido a una audiencia de medidas cautelares que dispuso que vaya con detención preventiva por en el penal de San Pedro de La Paz.
Apaza fue aprehendido el miércoles en el marco de una investigación relacionada con las movilizaciones y hechos de violencia registrados en el país. El dirigente organizó el cabildo realizado el martes en El Alto, donde se ratificaron las protestas en demanda de la renuncia de Paz.
Este jueves fueron detenidas Vargas y Quispe, quienes aguardan en celdas policiales la imputación fiscal y la audiencia cautelar que definirá su situación legal. Podrían ser sometidas a detención preventiva o detención domiciliaria.
Un juez determinó enviar con detención preventiva por seis meses a la cárcel de San Pedro al dirigente Apaza, investigado por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
“Esta decisión, más allá de que fuera un tema jurídico, es una decisión política. Sabemos que el Estado está tratando inicialmente de silenciar a las voces o a los portadores de esas voces”, dijo el abogado defensor, Curmi Rocha, quien anunció la apelación de la resolución.
Rocha cuestionó que el Ministerio Público considere como una presunta asociación delictuosa un acuerdo interinstitucional firmado por organizaciones sociales, al señalar que estas cuentan con personalidad jurídica y están amparadas por la Constitución.
