ambios en el modelo, una mayor participación del sector privado y modificaciones a normas en sectores estratégicos, como hidrocarburos, minería y litio; así como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, fueron las principales coincidencias de las seis alianzas y partidos políticos que participaron en el primer Debate Económico del ciclo “Compromiso por Bolivia”.
El encuentro, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y realizado en alianza con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), permitió identificar coincidencias, pero también evidenciar las diferencias en la forma en que se pretende ofrecer una solución a la población boliviana.
Más de 300 personas, entre líderes empresariales, autoridades nacionales, departamentales y municipales, público general y medios de comunicación, asistieron al Recinto Ferial Alalay, mientras que miles de personas lo siguieron a través de diferentes plataformas.
Ante la evidencia de que el país vive una crisis económica, los participantes también destacaron la necesidad de recuperar la institucionalidad y garantizar la independencia de la justicia, como elementos esenciales para brindar seguridad a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que es uno de los elementos esenciales para reactivar la economía, generar divisas y mitigar el actual impacto de la escasez de dólares, la inflación y el subsidio a los carburantes, entre otros problemas.
En el debate participaron los líderes de los equipos económicos de Alianza Unidad, José Gabriel Espinoza; de Alianza Libre, Ramiro Cavero; de APB Súmate, Vincent Gómez-García; y del Movimiento al Socialismo (MAS), Martín Moreira. Asimismo, estuvieron presentes Wilder Véliz Armas, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Andrés Rolando Ortega, candidato a primer diputado por Cochabamba por Alianza Libertad y Progreso - Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Aunque con matices, todos los panelistas destacaron la importancia de establecer un diálogo con el sector privado y tomar en cuenta su posición a la hora de elaborar leyes y políticas públicas. Mientras el representante de ADN abogó por una libertad plena y con un retroceso de la presencia estatal de la economía, los representantes de Libre, Unidad y Súmate coincidieron en la necesidad de dialogar con los privados para avanzar en la elaboración de normativas que impulsen la formalización y la reactivación de la economía.
Cavero adelantó que se conformarán mesas de trabajo porque “de nada sirve una ley si no se trabaja con quienes la deben aplicar”. Gómez-García expresó que la participación del sector privado está establecida en los mecanismos legislativos y debe viabilizarse a través de la Asamblea Legislativa, agregando que debe haber “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”.
Espinoza precisó que “el sector privado no va a participar en una ninguna negociación salarial porque no habrá decreto el 1 de mayo”, agregando que debe volver “la racionalidad económica” y los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Reiteró que se trabajará con el sector para reducir la “sobrerregulación” y “quitar los cuellos de botella” paulatinamente.
Ortega insistió en la necesidad de reducir los impuestos, en un modelo en que el Gobierno no tenga dinero para gastar y deje la actividad productiva a los privados.
A su vez, el representante del MAS, Martín Moreira, destacó la importancia de generar alianzas estratégico-productivas, lo que demanda una activa participación de los privados, en áreas como el agro y turismo, entre otras.
Véliz, a nombre del PDC, enfatizó en la necesidad de generar condiciones para que los empresarios bolivianos inviertan en el país, pues hoy muchos están migrando porque no encuentran condiciones en “un Estado tranca”.
Uno de los temas que generó mayor discusión fue cómo las diferentes alianzas pretenden obtener recursos para viabilizar medidas económicas estructurales en el inicio de su eventual mandato. Más allá de las diferencias, varios coincidieron en que será necesario solicitar recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el representante de la Alianza Libre, Ramiro Cavero, ratificó que tendrían los primeros desembolsos en un plazo de dos meses; el de Unidad, José Gabriel Espinoza, estimó que se requiere más tiempo y el de Súmate, Vincent Gómez-García, insistió en que su eventual gobierno obtendrá 10.000 millones de dólares por la venta anticipada de litio.
Espinoza precisó que no alcanza con el cambio de normas, pero que se debe avanzar en modificaciones en las leyes de inversiones, hidrocarburos, minería y tributos. Moreira sumó tierra, aduanas y litio, en el afán de atraer inversión privada. “Se requiere un Estado eficiente, no una reducción”, aseguró, y en el corto plazo expresó que la minería tiene el potencial de generar un colchón importante de divisas, además de la necesidad de establecer incentivos para la inversión.
Cavero, por su parte, al igual que José Rolando Ortega, cuestionó el régimen tributario y propugnó que los cambios deben apuntar a brindar mayor competitividad al país, además de tener un sistema regulatorio independiente.
También hubo coincidencia en la necesidad de impulsar el desarrollo de los departamentos que no están en el eje central del país. Cavero dijo que se debe avanzar hacia la autonomía plena, con un Pacto Fiscal que podría llevar el 60% de los recursos a las regiones. Además, propuso crear un parque informático en la ex sede de Unasur, en Cochabamba.
Gómez-García hizo énfasis en el desarrollo de las potencialidades de las regiones y el impulso a las ciudades intermedias. Por su parte, Espinoza expresó que el Gobierno central debe proveer infraestructura, conectividad y reglas claras, con la premisa de que “no puede imponer a las regiones una visión de desarrollo”.
Véliz enfatizó en la necesidad de impulsar la interconexión con el norte y sur del país. Dijo que, desde Cochabamba, por ejemplo, se deben buscar mejores alternativas para llegar Pando o Beni, de manera que no sea necesario ir por Santa Cruz o La Paz. Además, reiteró la propuesta del PDC, que plantea la distribución de recursos 50-50 entre el Gobierno central y las regiones.
