a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) develó que el Estado boliviano no respondió a las recomendaciones sobre reparación judicial y procesos a favor de las víctimas del caso Terorismo. Por eso, el organismo acudió a la Corte Interamericana de de Derechos Humanos (Corte-IDH).
A través de sus redes sociales, la CIDH difundió el jueves el informe sobre recursos planteados por Mario Francisco Tadic Astorga y otros en relación a la violación de derechos a la vida en el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, en Santa Cruz., informó el periodista Rubén Atahuichi de La Razón.
Entonces, un comando de élite irrumpió en el establecimiento en su afán de detener al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, entonces acusado de pretender una ola terrorista en el país. El hombre murió acribillado, así como dos de sus compañeros: el irlandés Dichael Dwyer y rumano Magyarosi Arpád.
Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó y Mario Tadic, salvaron la vida, pero fueron aprehendidos. Otros dos, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, fueron detenidos semanas después, el 28 de abril.
Demanda en la CIDH
Tadic, Tóásó y otros acudieron a la CIDH para denunciar que, en la detención, sufrieron torturas y otros vejámenes contra sus derechos. Y el organismo les dio la razón.
El 26 de julio, la CIDH acudió a Corte-IDH para someter al Estado de Bolivia a su jurisdicción. En carta dirigida al secretario de ese tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, el organismo explica los pormenores de sus conclusiones.
En un capítulo especial, recuerda que Bolivia fue notificada sobre su Informe de Fondo del caso el 26 de julio de 2022. Esa vez otorgó al Estado dos meses de plazo para “informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”.
“Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de siete prórrogas, el 11 de julio de 2024 el Estado solicitó una octava prórroga”, señala el informe del organismo.
Al recibir la solicitud, “valoró las gestiones realizadas por el Estado”. Sin embargo, devela que, “a pesar de ello, observó que han transcurrido dos años desde la notificación del Informe de Fondo sin que haya avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones”.
CIDH acude a la Corte-IDH
Debido al incumplimiento de los plazos y las recomendaciones, la CIDH se vio obligada a acudir a la jurisdicción de la Corte-IDH, “ante la necesidad de justicia y reparación integral, y considerando la voluntad de las víctimas”.
La CIDH recomendó al Estado de Bolivia reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso; iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos; y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.
En su informe sobre el caso, la CIDH “determinó que los actos perpetrados en contra de los señores Tadic y Tóásó, durante y después de su detención y en contra de los señores Guedes y Mendoza, durante su traslado a La Paz, constituyeron actos de tortura”.
Estado violó sus derechos
Además, señaló que “las condiciones de detención en la cárcel de San Pedro significaron una afectación del derecho de los internos a vivir en un régimen de detención compatible con su dignidad personal”.
Así, la CIDH “consideró que el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal y a sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
El caso Terrorismo fue investigado a instancias del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, el 23 de septiembre, dicho despacho gubernamental, entonces a cargo de Arturo Murillo, se retiró como parte acusadora de la causa.
Esa decisión obligó al cierre del caso. El entonces ministro de la presidenta Jeanine Áñez consideró la determinación como un “regalo al pueblo cruceño”, en vísperas de su efeméride departamental.
La investigación de una comisión mutipartidaria de la Asamblea Legislativa develó que muchos dirigentes políticos y empresarios tuvieron vínculos con la célula de Rózsa, al punto de facilitarle su ingreso al país, pasajes de avión, hoteles y hasta ambientes para sus operaciones.
