l tono de los gobiernos departamentales ha cambiado con relación al gobierno nacional. El 5 de agsoto, en Sucre, los 9 gobernadores se mostraron optimistas por acuerdos arribado con el presidente Rodrigo Paz. ¿No se cumplieron? Este jueves 24 de septiembre, esta vez en Santa Cruz, le pusieron un plazo a la administración de Paz para que responda a las demandas regionales.
Tras una reunión protagonizada por gobernadores y sus asesores realizada en la capital cruceña, convocaron a una conferencia de prensa en la que se declararon en estado de alerta y dieron plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre para responder a las demandas marcadas por el fin de la subvención al diésel y la fórmula 50/50 de redistribución de recursos entre el nivel y los niveles regionales.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, indicó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien fue el encargado de leer las conclusiones de la reunión.
Las autoridades reiteraron su pedido de que en el Presupuesto General del Estado 2027 se modifique la coparticipación tributaria para que los gobiernos autónomos departamentales puedan recibir recursos por esa vía, como ocurre con universidades públicas y gobiernos municipales.
“Necesitamos que el 50/50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, señaló Velasco en conferencia de prensa.
Los gobernadores también indicaron que debido a que los presupuestos de la gestión 2026 se formularon con un precio de diésel de 6,73 el litro, y que el decreto supremo 5716 posteriormente fijó un precio internacional (generando un gasto mayor no previsto), exigen mecanismos compensatorios, modificaciones presupuestarias y garantía de provisión, entre otros.
Velasco indicó que exigen al Gobierno “formalizar mediante instrumento normativo concertado con los gobiernos autónomos departamentales en apoyo anunciado a la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas como fuente de financiamiento montos y plazos definidos”.
En ese marco pidieron “disponer de las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, que compense el diferencial del precio del diésel consumido para la prestación de los servicios y el ejercicio de las competencias departamentales, en particular, el mantenimiento de la red vial departamental, los servicios de salud, la operación de maquinaria y equipo”.
Agregó que también se exige “autorizar a través del Ministerio Económico y Finanzas Públicas con carácter excepcional las modificaciones presupuestarias designadas entre partidas y fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento necesarias para cubrir el mayor gasto en combustibles sin que dicho gasto se compute en los límites de funcionamiento de la Gobernación”.
Entre otras de las demandas, piden una norma que libere a los gobiernos departamentales de financiar la emisión de los títulos de bachiller.
Durante la firma de la declaración estuvieron presentes los gobernadores de Chuquisaca, Luis Ayllón; de Tarija, María René Soruco; de La Paz, Luis Revilla; de Oruro, Édgar Sánchez; y de Cochabamba, Leonardo Loza. No asistieron a la reunión la goberadora de Pando, Gabriela de Paiva, quien encabeza los actos por el 88 aniversario de creación de ese departamento; y los gobernadores de Potosí, René Joaquino y de Beni, Jesús Egüez.
