e reunieron esta tarde en La Paz, ofrecieron conferencias de prensa por separado, pero coincidieron en que los informes de dos reconocidos expertos extranjeros en lucha antidrogas establecen que la acusación de Chile de impregnación de drogas en 1.083 toneladas de madera es "falsa". Pïdieron el desistimiento judicial inmediato, castigos a las autoridades que acusaron falsamente a exportadores bolivianos de madera y apuntaron a un resarcimiento que bordea los 1.000 millones de dólares.
Por un lado, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, acompañado por dos parlamentarias de Libre, y, por el otro, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Oswaldo Barriga, junto con con representantes de la Cámara Forestal, Camex La Paz y de las empresas madereras afectadas, sostuvieron que el proceso judicial que se inició en Chile, en junio de este año por contaminación con drogas, carece de toda consistencia científica, técnica e institucional.
Algunos detalles. Coincidieron en señalar que en los puertos chilenos se utilizó Inteligencia Artificial o un algoritmo predestinado a establecer impregnación de drogas en gran parte del cargamento de madera; se hicieron pruebas en laboratorios destinados a medicina, no para narcóticos; y se incumplieron todos los protocolos para examinar las toneladas de madera aún confiscadas en Chile.
Todo esto a partir de la explicación que dieron a los privados y los informes que elaboraron y judicializaron el exintegrante de la DEA estadounidense James Craig Kuykendall (JK), quien ocupó importantes cargos en países de Latinoamérica, y, según Quiroga, el mejor químico forense del planeta, Scott Richard Oulton (SO).
Barriga sostuvo que las explicaciones de JK y SO establecen que la acusación chilena de tráfico de drogas en madera de exportación boliviana es "totalmente falsa", mientras que Quiroga exigió al gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, tomar en cuenta ambos informes que desbaratan "el mayor daño económico y reputacional que se hizo a Bolivia desde 1879 (Guerra del Pacífico)".
Los privados y Quiroga exigieron a Kast la destitución inmediata del ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau; la remoción del fiscal nacional Ángel Valencia y el procesamiento penal del fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quienes urdieron la "tramoya" contra Bolivia, particularemente contra los sectores productivos y exportadores del país.
Quiroga pidió al presidente boliviano Rodrigo Paz que, aprovechando que podría sostener algún encuentro bilateral con Kast o reunión de presidentes latinoamericanos en Nueva York, a propósito de la asamblea general de la ONU, solicite a su par chileno que ponga freno al abuso judicial, disponga castigos y remociones por la acusación injusta que se hizo contra al menos 23 empresas bolivianas dedicadas a la exportación de madera a mercados de ultramar.
Barriga coincidió en que deben haber destituciones y procesamientos penales por la falsa acusación que se realizó a partir de Inteligencia Artificial mal diseñana y que puede poner bajo sospecha cargamentos futuros de soya o castaña, entre otros productos.
Por su parte, el presidente de Camex La Paz, Mario Rojas, sostuvo que el monto de resarcimiento está en evaluación, pero dijo que inicialmente bordea los 1.000 millones de dólares mencionados por Quiroga en su conferencia de prensa.
Los representantes de los sectores privados y el expresidente coincidieron finalmente en lo que denominaron "sentido de urgencia" que se traduce en que la falsa acusacion debe ser resuelta institucionalmente por Chile ¡ya!, antes de que el presidente Kast arribe al país el 15 de octubre en visita oficial.
