n juez de “garantías constitucionales” dispuso que la Fiscalía General del Estado restituya en su cargo a Sandra Gutiérrez, la exfiscal departamental de Tarija destituida por librar una orden de aprehensión para el líder del MAS, Evo Morales, por un caso de estupro y trata de menores.
Por su parte, Morales denunció este domingo en la mañana el desplazamiento de militares hacia el Chapare sobre la información recibida por cocaleros del municipio de Colomi, la puerta de ingreso al trópico cochabambino desde la región occidental del país.
En criterio del juez Iván Córdoba Castillo, la destitución de Gutiérrez, firmada por el fiscal general interino Mauricio Nava, fue “un acto arbitrario”. Ordenó al titular Juan Lanchipa restituir a la citada funcionaria como fiscal departamental de Tarija.
“Consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos, se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana, particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó el vocal.
Gutiérrez fue destituida de la Fiscalía de Tarija en medio de la publicación de una orden de aprehensión contra Morales que luego fue anulada por una juez de justicia constitucional de Santa Cruz.
Morales habla de militarización
En su programa dominical de Radio Kawsachun Coca Morales dijo que le informaron sobre el desplazamiento de unas 50 camionetas con militares dirigiéndose al trópico de Cochabamba con fines no comunicados oficialmente.
El caudillo político aprovechó para victimizarse contando cómo en las décadas del 80 y 90 fue detenido un par de veces, sometido a torturas y hasta la fractura de una de sus clavículas. "Pedimos a los hermanos que estén atentos para saber si pretenden militarizar el trópico", dijo Morales.
Mencionó que el pasado miércoles se adelantaron a un operativo de captura que incluía su traslado a La Paz en un helicóptero Superpuma.
También dijo que antes y después de la marcha de los siete días, el ahora exministro de Justicia le hizo llegar mensajes para reunirse, incluso en Venezuela, para tratar las acusaciones que se estarían por salir a la luz pública.