l magnicidio de Víctor Hugo Claure en medio de una ola de violencia en Santa Cruz ha desatado la condena generalizada de instituciones, liderazgos políticos y organismos internacionales, entre otros por la escalada en los objetivos de las ejecuciones. Este sábado, el Comité Cívico pro Santa Cruz emitió un duro pronunciamiento en el que advierte que el Estado se encuentra en la fase final de descomposición.
Para el Comité Cívico cruceño, el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental a manos de dos sicarios “es el síntoma final de un Estado en descomposición: el certificado de defunción del Estado de derecho. Es un ataque violento contra la libertad y nuestra democracia”.
“Esto no es un hecho aislado, es la prueba de que las mafias organizadas, sean del narcotráfico o de la tierra, ya no le tienen miedo a la justicia, porque han aprendido que la ley en Bolivia no tiene quién la defienda”, se lee en el documento difundido por redes sociales y medios de comunicación.
El asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental fue calificado como magnicidio por organismos internacionales como la ONU y medios digitales como Datápolis, al tratarse de una autoridad del más alto nivel en el Órgano Judicial.
“No podemos recuperar el país si antes no recuperamos nuestras instituciones de las manos que las han corrompido”, señala el pronunciamiento. Además, advierte que los hechos de sicariato que han venido perpetrando en las últimas semanas en varios puntos de Santa Cruz no pueden ser considerados “crímenes comunes”.
El comunicado expresa que “llevamos años bajo una permisividad criminal heredada de estructuras del Movimiento al Socialismo (MAS), que aún convive con el enemigo del Estado”.
La Cancillería calificó el crimen como un "atentado a la institucionalidad democrática". Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia lo describió como un "cobarde y atroz asesinato".
El Comité Cívico cruceño exigió a las autoridades gubernamentales, judiciales y policiales desplegar acciones inmediatas para frenar este tipo de hechos violentos en la capital y en las provincias cruceñas, sobre todo fronterizas con Brasil.
“Al Ministerio de Gobierno, a la Policía y a la Fiscalía: su pasividad es nuestra condena. Un pueblo que vive con miedo no es un pueblo libre. Exigimos que cumplan su rol constitucional de inmediato”, señala el pronunciamiento.
