A quién pretende engañar el señor Rodrigo Paz Pereira? No ha de ser a los ciudadanos medianamente leídos, que comparan las afirmaciones de los gobernantes con la realidad de las calles. Ha de ser, quizá, a los incautos y a los quintacolumnistas que todavía tienen alguna esperanza en su gestión mediocre.
Durante varios días el señor Paz Pereira se ha reunido con nueve gobernadores. Se han autodefinido como “partes” diferentes, cuando en realidad están profundamente unificados por el Presupuesto General del Estado, pues todos son pagados por los ciudadanos. Finalmente, han evacuado un documento, titulado “Acuerdo 001/2026Agenda 50/50”.
Pretenden que el desafío al que se enfrenta la “autonomía” es alcanzar “el ejercicio pleno de las libertades competenciales, económico financieras, presupuestarias y de generación de recursos propios”. Dicen que “la agenda 50/50 es un objetivo estratégico de reforma estructural del Estado para alcanzar autonomías reales, efectivas y eficientes (…) que mejoren la calidad de vida de la población y que fomenten la generación de riqueza”. Y añaden que han acordado desarrollar un proceso de “co-construcción” (¿?) para alcanzar acuerdos sobre algunos temas que consideran prioritarios.
En todo el documento no se encuentra nada que se parezca a un acuerdo sobre la captación de recursos y menos sobre su distribución. El presidente y los gobernadores sólo han generado una lista de intenciones imprecisas hacia lo que llaman el “Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías”. Y no exagero: el documento abunda en expresiones como “crear mecanismos, crear procedimientos, analizar, identificar, evaluar”, etc. y es pobrísimo en decisiones como: autorizar, prohibir, distribuir, redistribuir. No hay metas claras en ninguna parte.
Las medidas que proponen no generarán ni libertades ni riqueza, sino todo lo contrario: menos libertades y más exacciones a los ciudadanos. Porque los beneficiarios del “acuerdo para lograr un acuerdo” no serán los ciudadanos, sino los gobiernos departamentales. Éstos serán beneficiados por la mayor autonomía tributaria, por la revisión de las normas nacionales que condicionan su gasto, por la ampliación de su autonomía en la gestión presupuestaria, por la revisión de la legislación nacional que haya restringido o condicionado sus competencias; por la revisión de los criterios de distribución que han generado “asimetrías” entre departamentos; por la adopción de medidas que evitarán futuras vulneraciones al régimen autonómico; por el aumento de sus capacidades en asuntos internacionales y especialmente de contraer deuda; por la creación de “fondos de compensación” para fortalecer sus finanzas y por la reprogramación o diferimiento de sus obligaciones financieras, cuyo efecto será fomentar su imprevisión e ineficiencia.
Los gobiernos departamentales tendrán acceso a ingresos generados por impuestos a cuya coparticipación no tenían acceso hasta ahora. Ya se preparan también para crear novísimos impuestos departamentales, autorización que ya anticipa el “Acuerdo”.
Están obsesionados con la equidad y la igualdad. Se han negado a reconocer que algunos departamentos se han desarrollado más que otros porque tienen mejores condiciones (de acceso, de recursos minerales, forestales, suelos o de otros factores); que no existe mecanismo de compensación que pueda poner a todos los departamentos en las mismas condiciones, y que si existiera tendría un costo altísimo, porque obligaría a pagar para que los menos desarrollados suban de nivel. Ninguna compensación puede sustituir la generación de riqueza, que sólo nace del trabajo de los ciudadanos y sus empresas.
Sólo un tema escogido podría generar beneficios para los privados, es decir, para los ciudadanos que no formamos parte de la burocracia estatal: el intento de lograr mayor fluidez en los acuerdos y proyectos públicos-privados. Pero ¡ay! los acuerdos públicoprivados, exitosos o fracasados, son rarísimos.
Entonces, no exagero si digo que los principales beneficiarios del “acuerdo para hacer un gran acuerdo” son el gobierno y los propios gobiernos departamentales. La causa es fácil de entender: no hay ni gobierno central ni gobiernos departamentales interesados en mejorar las libertades, seguridades y oportunidades de los ciudadanos; sólo hay entidades cooptadas, que sirven para asegurar buena y larga vida a los burócratas que las controlan.
¿Qué hay que distribuir? Obviamente, los ingresos fiscales. Si descontamos los decrecientes ingresos producidos por las empresas, la gran fuente de los ingresos fiscales son los impuestos. Bolivia tiene más de catorce impuestos, entre nacionales, departamentales y específicos. En total, esos impuestos generaron en 2025, 45.910 millones de bolivianos.
Hay varias propuestas para reducir la variedad de impuestos y bajar sus alícuotas. Está claro que hacerlo facilitaría las recaudaciones y posiblemente elevaría su monto. Mi opinión personal es que los ingresos por impuestos deben sumarse en conjunto y entregarse en primer lugar a los gobiernos municipales, de acuerdo al nivel de impuestos que generaron. Los que contribuyen más, reciben más. Ese es el premio al esfuerzo recaudatorio local. Naturalmente, los gobiernos municipales de municipios que no generan ingresos por impuestos no recibirían casi nada, y eso me parecería perfectamente lógico. ¿Para qué, si no tienen ni población ni actividad económica? Esos municipios no pueden aspirar a tener gobiernos municipales hechos y derechos. Tendrán que ser administrados desde municipios vecinos.
La porción destinada a los gobiernos municipales podría ser del 50% del total. En seguida estarían los gobiernos departamentales, que podrían recibir hasta 25%. A continuación, estaría el gobierno central, que podría recibir hasta un 20%. Obviamente, habría que transferir a los gobiernos departamentales y municipales, responsabilidades que ahora están bajo el gobierno central. Y quedaría un 5% para las universidades.
¿Que éstas recibirían muy poco? Por supuesto. No veo ninguna razón que justifique que los ciudadanos financiemos once universidades públicas autónomas y tres universidades de regímenes especiales e indígenas, algunas con varias sedes. Ni veo porqué las universidades tendrían que ser acreedoras a una parte de una riqueza, que en ningún momento contribuyen a generar.
Gonzalo Flores es sociólogo y político.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
