n algún momento, las crisis terminarán agotándose. Dice el dictado popular: No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No tengo idea cuál será la salida política. Sin embargo, existe una realidad incómoda que trasciende cualquiera que sea el desenlace: la crisis económica seguirá allí al día siguiente. Firme, obstinada, dolorosa. The day after llegará.
Los problemas estructurales no desaparecerán porque cambie el ocupante del gobierno, porque se firme un pacto político o porque algún sector declare una victoria histórica en las calles. Además, en el corto plazo, el déficit fiscal, la escasez de divisas y los problemas energéticos seguirán existiendo. Y la confianza, ese activo invisible pero indispensable para cualquier recuperación económica, tardará mucho en reconstruirse. Otro hecho de la realidad es que sin una salida política sostenible no existe ninguna posibilidad de recuperación económica. Ninguna.
La economía puede soportar malas políticas durante algún tiempo. Lo que rara vez sobrevive es a la ausencia total de política entendida como capacidad de construir acuerdos mínimos.
Desde el inicio del 2026, la economía boliviana había comenzado a mostrar algunos signos modestos de recuperación, aunque también el gobierno cometió varios errores, como con la gasolina adulterada.
El tipo de cambio se estabilizó parcialmente, las reservas internacionales del BCB se recuperaban tímidamente. Se había retirado la subvención al combustible, la cooperación internacional apoyaba a Bolivia y hasta la calificación de riesgo internacional mejoró.
La economía no estaba corriendo una maratón precisamente; apenas caminaba con cierta timidez por los pasillos del hospital después de varios años de internación. Había abandonado parcialmente la terapia intensiva y avanzaba con ayuda de muletas, respiración asistida y el optimismo excesivo de algunas autoridades oficiales.
Hoy la economía ha vuelto a la sala de cuidados intensivos. Y el problema es que donde deberían estar médicos, enfermeras y especialistas, discutiendo protocolos de estabilización y recuperación económica, están vecinos, parientes, dirigentes, expertos autoproclamados, activistas de redes sociales, mascotas intelectuales del proceso de cambio y movimientos corporativos que ingresan a la sala agitando bisturíes, bacinicas, megáfonos y manifiestos ideológicos mientras discuten quién tiene derecho a operar al paciente.
El resultado suele ser previsible: el enfermo empeora. Supongamos, sin embargo, que ocurre el milagro. Supongamos que la extraordinaria convergencia de todos los dioses disponibles, andinos, amazónicos, griegos, liberales, socialistas y hasta algunos economistas arrepentidos, permite superar la crisis política.
¿Qué deberíamos hacer entonces al día siguiente? La respuesta es menos novedosa de lo que muchos quisieran. El repertorio de políticas para enfrentar una crisis de esta naturaleza se parece bastante al utilizado durante la pandemia del Covid-19.
Después de todo, estamos frente a una combination particularmente dañina: un shock de oferta (50 % de los restaurantes se ha cerrado) y un shock de demanda (el consumo de la gente cayó) provocada por un bloqueo criminal.
Miles de empresas no pueden producir normalmente, transportar mercancías ni vender. Al mismo tiempo, millones de consumidores enfrentan menores ingresos, incertidumbre y dificultades para comprar.
Cuando productores y consumidores se paralizan simultáneamente, la economía entra en una especie de congelamiento parcial que requiere intervención pública temporal para salvar el pellejo.
Algunas medidas ya están en marcha o están pedidas por los sectores afectados. El diferimiento o reprogramación de créditos constituye una herramienta clásica para evitar una ola de incumplimientos financieros. También resultan razonables los fondos financieros especiales de emergencia dirigidos a sectores particularmente afectados como transporte, turismo, hotelería, gastronomía, transporte público, avicultura, comercio y pequeñas empresas.
Los bonos temporales focalizados representan otro instrumento habitual. En momentos de contracción económica, transferir recursos a hogares vulnerables no solo tiene un efecto social; también ayuda a sostener el consumo y evita que la recesión se profundice. Esto es Keynes 001, aunque produzca un ataque de caspa e indignación a los mileitos locales.
Del mismo modo, pueden implementarse subsidios temporales o exenciones parciales de los pagos de servicios básicos (agua, luz, peajes y otros) dirigidos a poblaciones especialmente afectadas.
Y vuelve a adquirir relevancia una vieja herramienta de la política pública boliviana: programas masivos de mantenimiento vial urbano y rural intensivos en mano de obra. No sería descabellado recuperar una versión moderna del histórico Fondo Social de Emergencia de los años 80, como sugiere Jorge Patiño.
A estas medidas podrían añadirse otras igualmente importantes: créditos blandos y garantías estatales para micro y pequeñas empresas. Compras públicas aceleradas a productores nacionales. Fondos de capital de trabajo para exportadores. Incentivos temporales para contratación de jóvenes.
Programas de alimentación escolar ampliados. Subsidios focalizados al transporte público urbano. Obras rápidas de agua potable, drenaje y saneamiento. Pero conviene recordar algo fundamental. Insistimos: ninguna de estas políticas funcionará adecuadamente si la política continúa destruida.
Muchos se preguntarán, con razón, qué ocurrirá con las grandes reformas estructurales que Bolivia necesita desde hace años. ¿Qué pasará con la reforma constitucional? ¿Qué ocurrirá con las nuevas leyes de hidrocarburos, minería, electricidad, inversión o mercado laboral? ¿Cuándo llegarán las transformaciones profundas capaces de modificar los incentivos que hoy limitan el crecimiento?
La respuesta, aunque poco satisfactoria, es bastante sencilla: probablemente volverán a dormir el sueño de los justos. No porque hayan dejado de ser necesarias; al contrario. Nunca fueron tan urgentes.
Pero las reformas estructurales tienen una característica poco apreciada por los economistas: son profundamente políticas.
Las reformas nacen cuando existen acuerdos políticos suficientemente amplios para sostener sus costos y distribuir sus beneficios. Y precisamente eso es lo que hoy escasea.
En medio de una crisis de gobernabilidad, con actores enfrentados, liderazgos debilitados y una sociedad crecientemente polarizada, resulta difícil imaginar que el país encuentre la energía colectiva necesaria para discutir transformaciones de largo plazo.
La paradoja es evidente. Cuanto más necesarias son las reformas estructurales, menos capacidad política existe para realizarlas.
Y, finalmente, aparece la pregunta que inevitablemente termina visitando cualquier discusión sobre recuperación económica, programas de emergencia o reformas estructurales: ¿cómo financiamos todo esto?
Porque una cosa es elaborar una lista razonable de políticas públicas y otra muy distinta es encontrar el dinero para ejecutarlas.
La realidad fiscal boliviana no admite demasiados ejercicios de imaginación. El Estado enfrenta una situación extremadamente delicada. El déficit del sector público se aproxima al 12 % del PIB. Además, la capacidad de financiamiento interno es limitada.
En otras palabras, el paciente necesita medicamentos, nuevos equipos, médicos especializados y una rehabilitación prolongada. El inconveniente es que la familia ya hipotecó parte de la casa, vendió algunos muebles y descubrió que la billetera no contiene exactamente lo que recordaba.
Algunos podrían sugerir financiar la recuperación mediante una expansión monetaria agresiva. El problema es que cuando una economía ya convive con elevadas presiones inflacionarias, imprimir dinero suele parecerse a intentar apagar un incendio utilizando un lanzallamas. Puede producir alivio temporal, pero generalmente termina agravando el problema que pretendía resolver.
Otros podrían confiar exclusivamente en el endeudamiento interno. Sin embargo, esa alternativa también enfrenta límites evidentes. Un sistema financiero sometido simultáneamente a reprogramaciones, diferimientos, incertidumbre y desaceleración económica tampoco dispone de recursos infinitos para financiar indefinidamente al sector público sin afectar el crédito destinado a empresas y familias.
Por ello, nos guste o no, la conclusión resulta bastante evidente: Bolivia necesitará recursos de organismos internacionales y, probablemente, volver a conversar con la suegra FMI, exactamente como se previó antes de la crisis política.
La buena noticia es que parte de ese financiamiento ya está ofrecido o en discusión. La mala es que resulta difícil conseguir ayuda para reconstruir una casa cuando una minoría particularmente eficaz insiste en prenderle fuego.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
