egún el análisis que venimos realizando en el CEPAD sobre las Ciudades Intermedias y los datos compartidos por el CEDLA y la Fundación Jubileo relativos a los resultados del Censo 2024 y sus ajustes presupuestarios, nos encontramos con 3 escenarios inflexibles: 171 municipios bajarán sus ingresos; de ellos, 92 han disminuido su población y en los 251 municipios que aumentan población, existirá una disminución real de recursos porque no ha aumentado la masa coparticipable. Una crónica del periodista Raúl Domínguez en el suplemento Económico de El Deber, lo sintetiza muy claramente.
Debemos analizar el fenómeno de manera integral y plantearnos nuevas preguntas si queremos lograr resultados. Unido al número de habitantes y a la disminución de transferencia gubernamental, para hablar de desarrollo es necesario identificar la sostenibilidad institucional del gobierno municipal, las actividades económicas de la jurisdicción y el volumen de servicios básicos existentes. La evaluación de ese conjunto integral de variables, puede ofrecer las pistas sobre el futuro del municipio en el cumplimiento de sus obligaciones en salud, educación y desarrollo productivo.
Si tomamos el Censo del 2012 en el que 256 municipios con población menor a 20.000 habitantes no contaban con hospital de segundo nivel, y cuyo dato no ha variado al no existir nuevas construcciones, y lo integramos con otros servicios complementarios en el territorio, como universidad, SEGIP, Registro Civil, oficinas bancarias y de crédito, y otras 100 actividades demandadas por la población, recién podremos comprender las condiciones necesarias para lograr desarrollo económico y mantenimiento de la población en el territorio.
No creo que los municipios con población menor de 5.000 habitantes renuncien a su existencia autonómica, y tampoco es una urgencia en razón del número de gobiernos municipales en Bolivia siendo todavía pequeño si comparamos los 343 municipios que tenemos, contra 1.828 en el Perú, 2.469 en México, 1.101 en Colombia, u 8.131 de España. Para resolver la gestión territorial podemos conformar mancomunidades municipales o articular el territorio en torno a Ciudades Intermedias que cumplan labor de cabecera administrativa y posean concentración de servicios. Sobre las mancomunidades municipales, existe una amplia experiencia alcanzada antes que llegara la exorbitancia de recursos desde el año 2006, y estaba constituida por 86 mancomunidades funcionando con diferentes grados de eficacia. En relación a la categoría de Ciudades Intermedias que hemos estudiado para comprender la migración campo ciudad, el crecimiento de ciudades y de regiones metropolitanas, hemos acumulado información útil que el estado boliviano puede incorporar a la política pública.
Para garantizar que los municipios atraigan inversiones y formen alianzas público/privadas en el desarrollo de sus territorios, debemos realizar una nueva categorización municipal; la realidad está demostrando la imposibilidad del cumplimiento de las mismas competencias en Yunguyo del Litoral en Oruro con sus 882 habitantes, a los 1.606.671 habitantes que le atribuye el Censo a Santa Cruz de la Sierra. La capacidad de desarrollo del municipio está relacionada a la fortaleza institucional existente y a sus ventajas comparativas y competitivas; y como cada territorio tiene su orquídea, comprobamos que las potencialidades y recursos turísticos presentes en la totalidad de los municipios, por ejemplo, no dependen del número de habitantes.
El marco para reactivar desarrollo y economía en los territorios, lo sigue aportando la participación popular. Recuerdo que la LPP incorporó el reconocimiento de la autonomía territorial como base de la gestión, transferencia de competencias y recursos, creación de la contraloría social con instrumentos de transparencia en favor de la población, valoración de categorías locales ligadas a la producción, el turismo y la sostenibilidad ambiental, condiciones para la planificación, la inversión, la programación de operaciones y el presupuesto. Con excepción de haberse borrado el número 1551 de la Ley, el proceso de la Participación Popular es el que sostiene la gestión pública del Estado boliviano. Para quienes fueron sus detractores, es una paradoja de la historia.
El Censo, con sus datos cuestionados, está obligando a reconocer la realidad de la sociedad boliviana y la necesidad de perfeccionar los instrumentos para administrar su desarrollo. Ya conocemos el camino si la voluntad tiene un compromiso con nuestro futuro.
Carlos Hugo Molina es abogado e investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
