areciera profundizarse la crisis en nuestro país, amenazas de golpes de Estado, acciones violentas e intentos de imponerse por la fuerza solo dejan una misma consecuencia: dolor, división y muerte. Se debe analizar si para “defender la democracia” o “preservar la paz”, es necesaria la confrontación. Como dice la conocida frase: “si quieres paz, prepárate para la guerra”, atribuida al escritor y estratega militar romano Publio Flavio Vegecio Renato. (En latín: “Si vis pacem, para bellum.”)
Pero detrás de esa idea surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto un Estado debe tolerar acciones que amenazan el orden y la seguridad de la población?
Un ejemplo sencillo ayuda a entender esta percepción. Si un ladrón entra a tu casa, nadie esperaría que lo recibas con cortesía, le ofrezcas café o le pidas amablemente que tome asiento. No fue invitado, no llega con buenas intenciones y representa una amenaza directa para tu seguridad y la de tu familia. La reacción natural es defenderse. No porque se busque violencia, sino porque existe la necesidad de proteger lo que está en riesgo.
Algo similar ocurre cuando un país enfrenta situaciones que dejan de ser simples protestas y pasan a convertirse en hechos que paralizan, generan miedo o incluso provocan pérdidas humanas. Cuando los bloqueos, enfrentamientos o presiones afectan la economía, la libre circulación y la vida de las personas, surge el debate sobre hasta dónde debe llegar el diálogo y cuándo corresponde aplicar con firmeza el principio de autoridad.
Muchos consideran que negociar constantemente con sectores que recurren a medidas extremas puede interpretarse como una señal de debilidad institucional. Porque el diálogo es necesario en democracia, sí, pero también lo es el respeto a la ley y al bienestar colectivo. Un Estado no solo existe para administrar, sino también para garantizar orden, seguridad y estabilidad. Y para ello cuenta con instituciones como las fuerzas del orden que son parte del poder ejecutivo, cuya función no es permanecer inmóviles ante situaciones críticas, sino actuar dentro del marco constitucional cuando las circunstancias lo exigen.
Sin embargo, la firmeza tampoco debe confundirse con abuso o represión indiscriminada. El verdadero desafío de toda democracia es encontrar el equilibrio entre autoridad y respeto a los derechos ciudadanos. Porque cuando el poder actúa sin límites, también se corre el riesgo de dañar aquello que se pretende defender.
Al final, ninguna sociedad quiere vivir entre conflictos permanentes, amenazas o imposiciones. Y quien o quienes quieran el poder no deberían abrirse camino “por la ventana”, mediante presión, miedo o violencia, sino a través de procesos democráticos, respeto a la ley y decisiones que prioricen el bien común por encima de intereses particulares y más aún el respeto a la vida.
Marioly Chávez Arteaga es relacionista internacional, vicepresidenta de Colegio de Internacionalistas de Santa Cruz, docente universitaria y profesora de piano.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
