ada vez que el país entra en crisis, reaparece la misma idea envuelta en discurso modernizador: federalizar el Estado o, ahora, mover la sede de gobierno desde La Paz hacia Santa Cruz de la Sierra. Esta vez, el argumento no llega como propuesta técnica ni reforma institucional seria, sino como consigna política impulsada por Luis Fernando Camacho y amplificada por sectores de la élite cruceña.
Pero conviene decirlo sin rodeos: esto no es federalismo, ni descentralización, ni autonomía, ni modernización del Estado. Es otra cosa. Es la pretensión de trasladar el centro del poder político hacia donde ya se concentra el poder económico. Es, en el fondo, una disputa por hegemonía.
Cuando Camacho y el discurso cívico cruceño insinúan que la sede de gobierno debería moverse, lo hacen bajo una lógica aparentemente simple: Santa Cruz produce más, crece más, exporta más. Por tanto, —dicen— debería gobernar más.
Ese razonamiento contiene tres problemas evidentes.
Primero, confunde dinamismo económico con legitimidad política. Si ese fuera el criterio, el poder estatal en cualquier país se movería al ritmo del mercado, y no de la historia ni del pacto social.
Segundo, omite que Bolivia no es una corporación, sino un Estado plurinacional con equilibrios territoriales delicados, construidos -mal o bien- durante más de un siglo.
Y tercero, revela algo más profundo: la incomodidad de ciertos sectores con un eje político que no controlan totalmente debido a la malla de poder social de carácter corporativo construida desde el Estado.
En suma, el discurso de Camacho en la Cumbre Nacional del 9 de mayo de 2026, coloca la economía como excusa y esconde el poder como objetivo real.
Durante décadas, la élite empresarial y cívica cruceña construyó un discurso autonomista que cuestionaba el centralismo de La Paz. Sin embargo, cuando se analiza con mayor cuidado, aparece una contradicción incómoda.
Porque lo que hoy se sugiere no es distribuir el poder en todo el país, sino trasladarlo a Santa Cruz de la Sierra.
Es decir: cambiar el centro, pero no la lógica.
Ese no es un proyecto federal. Es una recentralización geográfica con acento oriental patrimonial.
Bajo el relato del “modelo cruceño”, se intenta instalar la idea de que el país debe reorganizarse alrededor de su región más dinámica. Pero ese argumento ignora algo esencial: los Estados no se rediseñan como empresas eficientes, sino como comunidades políticas complejas.
La élite cruceña revela su verdadero rostro y se cae la máscara. Esta élite busca el autonomismo y el federalismo hacia afuera cuando, en la práctica, ejercen el centralismo hacia adentro.
Más allá de la burocracia, La Paz representa un nodo histórico del poder político, social e indígena, una Matriz Estado Céntrica, localizada en La Paz. Es el espacio donde se han articulado las principales transformaciones del país, desde revoluciones hasta crisis democráticas. Y eso, para ciertos sectores, es precisamente el problema.
Mover la sede de gobierno no es solo trasladar oficinas. Es intentar desanclar el poder de ese entramado histórico y simbólico.
Es, en otras palabras, reconfigurar quién manda en Bolivia. Reconfiguración que intenta aprovechar el descabezamiento de las élites políticas de la parte occidental del país, de las cuales solo queda su incomodo contenido simbólico.
Algunos analistas y voces periodísticas cercanas al regionalismo cruceño presentan esta idea como una actualización necesaria del Estado: un ajuste a la nueva realidad económica del país.
Pero otros advierten que detrás de esa narrativa hay una pulsión más política que técnica. Señalan que Bolivia necesita más descentralización fiscal, más autonomías reales y mejor distribución de competencias, no una mudanza del poder que podría agravar las tensiones regionales.
Porque hay una pregunta que pocos se animan a responder: ¿Mover la sede resolvería el centralismo… o solo cambiaría su dirección?
El debate boliviano parece atrapado en una falsa dicotomía: o el poder sigue en La Paz o se muda a Santa Cruz de la Sierra. Pero esa es una trampa conceptual. La descentralización real no consiste en mover el centro, sino en multiplicarlo. Se trata de distribuir poder, recursos y decisiones en todo el territorio, así como en desmontar viejas estructuras corporativas amarradas al poder político. Lo otro es simplemente geografía política.
Y en ese terreno, lo que se está planteando no es una reforma del Estado, sino una disputa por controlarlo o una estrategia “maximalista” que haga aceptable el federalismo y que la élite cruceña capture el poder regional para su propio beneficio.
El país haría bien en no dejarse engañar por discursos que suenan a reivindicaciones regionales, pero que son profundamente políticos. Porque al final, la pregunta no es si Bolivia necesita cambiar su sede de gobierno. La pregunta es quién quiere cambiarla… y para qué.
Y en ese punto, la respuesta empieza a incomodar.
Jorge Kafka es politólogo y consultor en análisis estratégico.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
