urante más de medio siglo, la política antidrogas de Estados Unidos en América Latina ha sido una constante mezcla de seguridad, diplomacia y coerción. Desde la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon en los años setenta hasta los grandes programas de cooperación del siglo XXI, Washington ha tratado de contener un fenómeno criminal profundamente arraigado en las economías y las estructuras políticas del hemisferio. Sin embargo, la reciente iniciativa conocida como “Escudo de las Américas” sugiere algo más ambicioso que una simple actualización de la estrategia antidrogas: apunta hacia la construcción de una arquitectura de seguridad hemisférica centrada en la persecución transnacional del crimen organizado.
Tres acontecimientos recientes ilustran la magnitud de este cambio. Primero, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal estadounidense bajo cargos de narcotráfico y crimen organizado. Segundo, la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), durante un operativo militar en México. Tercero, la captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, posteriormente extraditado a Estados Unidos. En conjunto, estos episodios sugieren la emergencia de un nuevo paradigma: la decapitación sistemática de redes criminales mediante operaciones multinacionales, inteligencia compartida y jurisdicción judicial extraterritorial.
La pregunta estratégica es si este nuevo enfoque representa el nacimiento de un sistema de seguridad regional o simplemente la última iteración de la larga guerra contra las drogas de Washington.
Durante décadas, la política antidrogas estadounidense se articuló principalmente a través de acuerdos bilaterales. Programas como el Plan Colombia, lanzado en 1999, y la Iniciativa Mérida, iniciada en 2008, reflejaban este enfoque. Ambos combinaban asistencia financiera, entrenamiento militar y cooperación policial con gobiernos aliados para combatir organizaciones criminales dentro de sus territorios.
El Escudo de las Américas representa un cambio cualitativo. En lugar de centrarse en la estabilidad de países individuales, busca integrar una red regional de seguridad que permita atacar simultáneamente las distintas capas del narcotráfico: producción, transporte, lavado de dinero y protección política. Esta evolución responde a una transformación del propio fenómeno criminal. A diferencia de los carteles jerárquicos del pasado -como el imperio construido por Pablo Escobar en Colombia- el narcotráfico contemporáneo opera como una constelación de redes descentralizadas que cruzan múltiples jurisdicciones. Ningún país puede enfrentarlas por sí solo.
El Escudo de las Américas intenta resolver este problema mediante tres herramientas principales: operaciones multinacionales coordinadas, que permiten actuar simultáneamente en distintos países; integración de inteligencia regional, con participación de agencias de seguridad y sistemas financieros y; persecución judicial extraterritorial, mediante tribunales federales estadounidenses. El resultado es un modelo que combina elementos policiales, militares y judiciales en una sola estrategia hemisférica.
Otro elemento distintivo del nuevo enfoque es la redefinición del narcotráfico como problema de seguridad nacional. Durante años, el debate en Washington osciló entre tratar las drogas como una cuestión de salud pública o como un desafío criminal. Hoy, la tendencia dominante es considerarlo un fenómeno geopolítico transnacional.
Existen varias razones para este cambio. En primer lugar, el narcotráfico se ha convertido en una de las economías ilícitas más lucrativas del mundo, capaz de generar decenas de miles de millones de dólares anuales. En segundo lugar, las organizaciones criminales han ampliado su portafolio hacia actividades como tráfico de armas, minería ilegal y trata de personas. En tercer lugar, el crecimiento del consumo de opioides sintéticos en Estados Unidos ha intensificado la presión política para adoptar medidas más agresivas contra las redes de suministro. Dentro de este marco, el Escudo de las Américas no se limita a interceptar cargamentos de droga. Su objetivo es desmantelar la infraestructura política y financiera que permite la existencia del narcotráfico.
El episodio más polémico del nuevo paradigma es la captura de Nicolás Maduro. Más allá de sus implicaciones jurídicas, el arresto de un jefe de Estado latinoamericano bajo cargos de narcotráfico marca un precedente extraordinario en la historia reciente del hemisferio.
Washington ha sostenido durante años que sectores del gobierno venezolano participaban en el llamado “Cártel de los Soles”, una supuesta red de tráfico de drogas vinculada a mandos militares. Al llevar el caso a tribunales federales estadounidenses, la administración estadounidense ha elevado el conflicto con Caracas desde una disputa política a una acusación criminal internacional.
Este movimiento tiene implicaciones estratégicas profundas. En primer lugar, establece la posibilidad de que líderes políticos extranjeros sean procesados bajo jurisdicción estadounidense si se considera que sus actividades afectan directamente a Estados Unidos. En segundo lugar, redefine la lucha antidrogas como una batalla contra la captura criminal del Estado. Desde esta perspectiva, el caso venezolano se convierte en un ejemplo extremo de la fusión entre crimen organizado y poder político.
El segundo pilar del nuevo enfoque es la eliminación sistemática de líderes criminales. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes representa un golpe significativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más violentas y expansivas del narcotráfico contemporáneo. Del mismo modo, la captura de Sebastián Marset en Bolivia demuestra la capacidad del nuevo sistema para perseguir operadores logísticos que conectan América del Sur con mercados europeos.
La lógica detrás de esta estrategia es clara: decapitar las redes criminales para provocar su fragmentación. Al eliminar líderes clave, se espera debilitar la coordinación y el control territorial de las organizaciones. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que este enfoque produce resultados ambiguos. En Colombia y México, la eliminación de jefes criminales a menudo condujo a la multiplicación de grupos más pequeños y violentos. En lugar de desaparecer, el narcotráfico tiende a adaptarse, desplazándose geográficamente o reorganizándose en estructuras más flexibles. Por lo tanto, aunque las operaciones recientes representan victorias tácticas, su impacto estratégico a largo plazo sigue siendo incierto.
La presión simultánea sobre Venezuela, México y las redes sudamericanas asociadas a Marset podría provocar una reconfiguración significativa del narcotráfico en el hemisferio.
En primer lugar, es probable que surjan nuevos centros logísticos en países donde las instituciones estatales son más débiles o donde el escrutinio internacional es menor. En segundo lugar, las organizaciones criminales podrían intensificar el uso de intermediarios y alianzas temporales para reducir su exposición.
Este proceso ya ha sido observado en el pasado. Tras el debilitamiento de los grandes carteles colombianos en los años noventa, el narcotráfico migró hacia México y posteriormente hacia Centroamérica. Un fenómeno similar podría ocurrir nuevamente si el Escudo de las Américas logra desmantelar las principales redes actuales. En otras palabras, la guerra contra las drogas continúa siendo una carrera evolutiva entre el Estado y las organizaciones criminales.
Quizás el aspecto más controversial del Escudo de las Américas sea su impacto sobre la soberanía regional. Al ampliar la jurisdicción judicial estadounidense y coordinar operaciones multinacionales, la estrategia fortalece la capacidad de Washington para influir en los asuntos de seguridad de otros países.
Para algunos gobiernos latinoamericanos, esta cooperación representa una oportunidad para combatir redes criminales que superan sus capacidades institucionales. Para otros, plantea el riesgo de una expansión del poder estadounidense bajo la bandera de la lucha antidrogas.
Este dilema no es nuevo. Desde la intervención estadounidense en el Caribe a principios del siglo XX hasta las operaciones encubiertas durante la Guerra Fría, la seguridad hemisférica ha estado marcada por tensiones entre cooperación y autonomía. El Escudo de las Américas reabre ese debate en un contexto diferente: el de un continente donde el crimen organizado transnacional ha alcanzado niveles sin precedentes de poder económico y político.
En última instancia, el significado del Escudo de las Américas dependerá de su evolución en los próximos años. Si logra consolidar una red estable de cooperación regional, podría convertirse en la base de una nueva arquitectura de seguridad hemisférica, comparable en algunos aspectos a los sistemas de defensa colectiva desarrollados durante la Guerra Fría.
Sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate simplemente de una fase más en la prolongada guerra contra las drogas de Estados Unidos, una campaña que ha producido avances tácticos pero pocos resultados definitivos. La historia del narcotráfico sugiere que las organizaciones criminales poseen una extraordinaria capacidad de adaptación. Cada vez que el Estado cambia sus métodos, ellas transforman los suyos. Por esta razón, el verdadero desafío del Escudo de las Américas no será capturar a individuos específicos -por importantes que sean- sino alterar las condiciones estructurales que permiten la persistencia del narcotráfico.
Si fracasa en ese objetivo, el hemisferio podría descubrir que incluso las operaciones más espectaculares -la captura de un presidente, la muerte de un capo, la caída de un gran operador logístico- no son más que episodios en un conflicto que sigue reinventándose.
Si tiene éxito, en cambio, podría marcar el comienzo de una nueva etapa en la seguridad del continente: una en la que el crimen organizado deje de ser un problema exclusivamente nacional y se convierta en una responsabilidad compartida del sistema hemisférico.
Jorge Kafka es politólogo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
