o que fue presentado en 2009, cuando se aprobó la nueva Constitución vía referéndum popular, como una innovación institucional y la absoluta democratización del sistema judicial, es decir la elección de magistrados y magistradas de las altas cortes del país por voto ciudadano, ha servido no solamente para que la hegemonía política de esa época coloque “masistrados” en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de Magistratura, sino que le abrió la puerta de par en par y le puso alfombra roja al narcotráfico, una parte de esa gigantesca corporación llamada crimen organizado, para que penetre hasta lo más profundo y se adueñe del sistema judicial boliviano.
Suena a ciencia ficción, pero no lo es. En la semana del 9 de noviembre, con los escándalos aún calientes del encarcelamiento del Fiscal General del Estado y la huida del presidente del Supremo de Justicia, Róger Mariaca y Romer Saucedo, implicados en narcotráfico y crimen organizado, entre otros graves delitos, escuché una revelación del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos, hecha al destacado periodista sucrense, director de Periodismo Que Cuenta, Iván Ramos Parada, sobre cómo el narco se ha incrustado en la cúspide de la pirámide del sistema judicial.
“El narco ya no pone magistrados, sino que son los propios narcos que ejercen los cargos”, fue la r dramática afirmación de un exmagistrado que, más allá de los cuestionamientos que tuvo en su paso por el TCP, explicó cómo en 15 años, con tres elecciones judiciales, la última parcial, se transitó del control político hegemónico de los más altos tribunales de justicia del país al control mafioso delincuencial de esos niveles cupulares. A continuación, parte del relato de Ceballos a Iván Ramos en la capital del país.
“Pedro Montenegro ―narco protegido por el régimen de Evo Morales y que finalmente fue extraditado a Brasil para que cumpla una condena de 11 años y 8 meses de prisión por delitos de tráfico internacional de sustancias controladas― financió campañas millonarias de candidatos a las elecciones judiciales de 2017”, afirmó Ceballos y explicó que fruto de esa inversión “logró meter al Tribunal Supremo de Justicia” tres magistrados para el período 2018-2023 en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, aunque fueron prorrogados por un año más.
“En el Tribunal Constitucional, Pedro Montenegro tenía dos magistrados en Pando y Beni: Yván Espada y Gonzalo Hurtado”, prosiguió el exmagistrado masista y luego evista. Y vino la escalada peligrosa: “Lo grave de la situación es que estos magistrados puestos por Pedro Montenegro presidieron tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional”.
La frase reveladora de que antes el narco ponía magistrados y ahora los magistrados son narcos cobra sentido con los casos de Mariaca y Saucedo, investigados por delitos que abarcan tráfico de sustancias controladas, crimen organizado y enriquecimiento ilícito. Mariaca ya fue catalogado por el Gobierno como narcofiscal que hasta bancada de parlamentarios tenía o todavía tiene en el actual período constitucional. Y de Saucedo, cada día se conoce más sobre sus actividades ilícitas que pasan por protección a narcos, procesamiento de marihuana ice, lavado de dinero, manipulación judicial y hasta injerencia en procesos electorales.
Sí, al parecer la fase superior ha sido alcanzada. Primero fueron los “masistrados” en las elecciones judiciales de 2011, luego una combinación entre “masistrados” y “mafiostrados” en los comicios de 2017 y finalmente “narcomagistrados” en la elección parcial de 2024, salvando, por supuesto, honrosas excepciones en los altos tribunales cuyos integrantes son elegidos por voto popular, aunque después de una cuestionadísima preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa, incluido el Agroambiental cuyo decano, Víctor Hugo Claure, fue ejecutado a tiros por sicarios el 30 de abril de este año en Santa Cruz de la Sierra y hasta ahora no se conoce un solo indicio sobre el motivo real del hecho de sicariato.
Todo esto hace pensar en que la narcoestructura armada por Pedro Montenegro Paz en el sistema judicial ha sido reemplazada con “plata o plomo” por el narco uruguayo Sebastián Marset Cabrera y sus cómplices en todos los niveles del sistema ―tribunales nacionales, tribunales departamentales, juzgados, fiscalía general, fiscalías departamentales, fiscales antinarcóticos, cúpula policial, fuerza antidrogas, presidencia y vicepresidencia del Estado, ministerio de Gobierno, viceministerios de Régimen Interior y Defensa Social― para garantizarse impunidad, obtener ganancias incalculables y ejercer poder.
Y es en esta parte que se está perdiendo de vista la responsabilidad del gobierno calificado como más corrupto de la historia reciente de Bolivia: la administración de Luis Arce (2020-2025), quien en la semana del 16 de noviembre cumple dos meses de estar ingresado en un hospital de La Paz para someterse a un tratamiento de cáncer renal, cuando debería estar cumpliendo detención preventiva en la cárcel de San Pedro, después de los chequeos médicos, como lo estableció un juez cautelar.
Mariaca fue sorpresivamente elegido fiscal general en octubre de 2024 con más de dos tercios de votos de senadores y diputados del anterior período legislativo. Se ha denunciado públicamente que el narco compró votos de diputados y senadores para que apoyen a Mariaca, pero hasta el momento no se abrió una investigación penal o parlamentaria sobre ese delicado asunto. En diciembre de 2024 se produjo la última y parcial elección judicial que tuvo entre los más votados ya no a un postulante puesto por el masismo-evismo-arcismo, sino un desconocido aspirante al Supremo de Justicia que resultó ser parte del narcotráfico y del crimen organizado.
Por tanto, hay que investigar seriamente y a fondo el rol que jugaron los gobernantes de ese momento ―Luis Arce, Eduardo Del Castillo, Johnny Aguilera, Jaime Mamani, parlamentarios― en la fase superior, en la que el narco y el crimen organizado ya no ponen magistrados, sino que ejerce los más altos cargos en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo de Justicia. Por la salud de todo un país, alguien tiene que investigar al gobierno que abrió la puerta de par en par y puso la alfombra roja.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
