l actual gobierno es la síntesis, el legítimo heredero, de la lucha y la reconquista de la democracia; subvertida, arrebatada y pisoteada por la autocracia del MAS durante casi un cuarto de siglo. Es, además, un gobierno que nació con un respaldo que fue más allá de quienes votamos por Rodrigo Paz. Por primera vez en muchísimos años, tenemos un gobierno con el apoyo inicial de la gran mayoría de los bolivianos. Es decir, con un gran capital político.
Hasta hoy.
Concluidas las elecciones subnacionales, ahora se tiene la composición total de la nueva Bolivia democrática, en todos sus matices legítimos. El nuevo gobierno nacional fue fruto de la sorpresa electoral que rechazó el pasado inmediato del MAS, tanto como a las candidaturas clásicas de oposición.
Ha llegado la hora de las definiciones. El gobierno tiene el mandato y la obligación histórica de defender nuestra democracia. Pero también el desafío de no dilapidar su capital político en medio de una creciente incertidumbre. Muchos de los candidatos electos son resabios del masismo derrotado, presentados bajo distintos disfraces. Al mismo tiempo, ha surgido un desfase entre lo que la gente esperaba y lo que el gobierno ha logrado en estos primeros seis meses. La mayoría mantiene la esperanza: que al gobierno le vaya bien; que nos vaya bien a todos.
Pero se hace evidente sumar a las voces electorales, las voluntades subnacionales y municipales para fijar con mayor claridad el rumbo del país y pasar del diálogo a la acción de gobierno, ya no con la sola palabra del gobierno central, sino con acciones del país más profundo.
Ante este panorama ¡debemos hablar!
El único gran diálogo que se debe hacer sin demora es con los más de 300 municipios constituidos y las nueve gobernaciones. Ese fue el espíritu del diálogo nacional del año 2000: un ejercicio eficiente para que la economía defina la política, y no al revés, como sucedió después con el MAS, cuando la política desordenó la economía hasta llegar al desastre actual.
Fue, además, un ensayo exitoso de consulta y orientación para identificar las prioridades económicas y asignar los recursos del “perdón de la deuda” en la lucha contra la pobreza.
Hoy, la pregunta es inevitable: ¿cómo organizar nuestras prioridades frente a los escasos recursos disponibles? Sin un diálogo responsable, la gobernabilidad será imposible y peligrosamente contestataria.
Pero debemos pasar del discurso a la acción concreta, a nivel territorial, con la participación de los actores electos, construyendo prioridades desde la base hacia arriba. Es decir, de manera descentralizada, en directa oposición al modelo centralizado del anterior régimen. En otras palabras: ¿cómo se construye el capitalismo popular, el de “todos”?
Ese es el tema del “Diálogo Nacional II”: la construcción económica descentralizada del capitalismo popular. Nuestra carta de navegación para salir de la miseria socialista.
Gobernar es decidir. No basta con anunciar o deliberar indefinidamente. Un gobierno que no produce decisiones comienza a acumular tensiones que terminan erosionando su legitimidad. Cada decisión postergada y cada demanda no atendida se convierte en deuda política. La legitimidad no se sostiene en el relato, sino en la capacidad de transformar la realidad.
Ahora bien, dialogar no significa renunciar a la autoridad. El monopolio de la fuerza corresponde al Estado, a través de sus FF. AA. y su Policía Nacional, que tienen la obligación constitucional de defender el régimen constituido.
No se dialoga con la subversión; se les impone la ley. Pero una cosa es la defensa del orden, y otra muy distinta es la construcción del rumbo del país.
El diálogo no es con las facciones corporativas ni en los bloqueos. El único diálogo legítimo es el que se realiza entre las instituciones del Estado legítimamente constituidas en noviembre pasado, con Edman Lara incluido, y los gobiernos subnacionales. Ese es el espacio donde Bolivia puede encontrarse consigo misma.
Si algo nos enseñó el MAS es que se gobierna con fuerza. Pero no con la fuerza bruta, sino con la fuerza de la razón y la legitimidad democrática. Porque, como bien dijo Samuel Huntington, “los gobiernos débiles son malos gobiernos”. Y un gobierno se debilita cuando no construye acuerdos para la acción.
Por eso, esta es la hora del diálogo y de la acción. No como gesto, sino como instrumento de gobierno. Bolivia no puede seguir dispersa y desorientada, necesita organizarse para actuar con un objetivo común.
Es la hora de las definiciones consensuadas y no por el chantaje de la presión; y el joven presidente se juega el destino de nuestra democracia, acompañado de nueve gobernadores, más de 300 alcaldes, consejeros y concejales. ¡Que Dios los ilumine para salvar a Bolivia!
Ronald MacLean Abaroa es economista, político y catedrático.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
