l principal desafío del gobierno de Rodrigo Paz en los próximos meses será reconstruir la relación con la base política y social que hizo posible su llegada a la presidencia. En gran medida, el éxito de las medidas destinadas a enfrentar la crisis económica dependerá de la capacidad para construir acuerdos y consensos que les otorguen legitimidad y sostenibilidad. Ignorar esa necesidad implicaría el riesgo de reproducir escenarios de confrontación como los vividos durante los meses de mayo y junio.
Para decirlo en términos coloquiales, hay que comenzar por el principio, es decir lograr que el diseño de las medidas involucre también el análisis de eventuales reacciones y resistencias entre los distintos actores sociales y la argumentación que debe emplearse para asegurar que la consigna pese menos en el debate narrativo.
El Gobierno ya sabe lo que piensa el movimiento sindical e indígena: el aprendizaje tomó más de 50 días. Lo que corresponde ahora es que, a la luz de lo aprendido, no se cometan los mismos errores que se cometieron, por ejemplo, con la aprobación del decreto 5503, la promulgación de la Ley 1720 de reconversión agrícola y otras iniciativas de trámite apurado que naufragaron antes de llegar a destino.
Algunos asesores del presidente Paz deben comprender, por ejemplo, que una parte importante de la población mantiene reservas frente a la apertura a la inversión extranjera en sectores estratégicos, al cierre de empresas públicas deficitarias o a modificaciones en la legislación agraria. No se trata simplemente de un rechazo a determinadas políticas, sino del resultado de más de dos décadas de una narrativa que convirtió esas posiciones en parte de una cultura política profundamente arraigada.
Modificar esas percepciones exige un esfuerzo mucho mayor de explicación, diálogo y persuasión, capaz de demostrar, con resultados concretos, que las nuevas políticas pueden traducirse en mejoras reales para la población.
No se trata de que unos tengan razón y otros estén equivocados, ni de que unos sean racionales y otros no. Las personas interpretan la realidad desde su propia experiencia y desde el lugar que ocupan en la estructura social, moldeado por trayectorias históricas, económicas y culturales. Comprender esa realidad constituye una condición indispensable para construir acuerdos y conducir con éxito cualquier proceso de transformación.
Tal vez esa sea la mayor oportunidad que tiene el actual gobierno: comprender que la reactivación económica pasa también por la reconstrucción de la confianza y de los acuerdos que hacen posible gobernar. Ello exige superar tanto la miopía de quienes consideran que entender el escenario político y social es una pérdida de tiempo, como la visión tecnocrática de quienes reducen los problemas públicos a un conjunto de variables económicas.
Gobernar una transición implica algo más complejo: entender a la sociedad que se pretende cambiar, construir legitimidad para las reformas y generar consensos amplios para sostenerlas en el tiempo. Ése es, en última instancia, el puente que Bolivia todavía tiene que terminar de construir.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
