n una entrevista con Fernando del Rincón, en CNN, el 20 de octubre de 2025, Rodrigo Paz al negar un pacto con el MAS decía: “Hay que ser bastante masoquista para estar vinculado a algo que no le hizo bien al país”. Señalaba que se trataba de un momento de cambio profundo: “Hay que cerrar un ciclo. Ya no es un problema solo de ser no masista. Hay que darle una apertura al país y entender una Bolivia del futuro con otras diversidades, otros aportes”. En ese sentido, reiteró que su proyecto es amplio y abierto: “Nosotros le vamos a dar un amplio espectro a la gente que quiera participar del gobierno, lo hemos dicho abiertamente”. “La promesa de iniciar una nueva etapa para Bolivia, marcada por la transparencia, la meritocracia y el alejamiento del modelo impulsado por el MAS durante casi dos décadas”. “Esto ha culminado y nos está dando una oportunidad”, señalaba Paz.
Tras asumir el poder en noviembre de 2025, Paz Pereira decía sobre la situación heredada de la administración anterior: “Nos dejaron un país arrasado”. “Una cloaca de dimensiones extraordinarias" “con una estructura deteriorada y llena de irregularidades”. Así describía el nivel de desorden, opacidad institucional y falta de documentación en ministerios y oficinas públicas tras dos décadas de gobierno del MAS. Denominaba el "Estado tranca" señalando la excesiva burocracia y trabas estatales heredadas que superaban cualquier definición previa, requiriendo una "autopsia institucional" para sanear la administración pública. Dijo haber recibido un “país quebrado y endeudado”, afirmó que la gestión saliente dejó la peor crisis de las últimas cuatro décadas, afectando no solo al gobierno central, sino también a gobernaciones, alcaldías, empresas estatales y a la economía de las familias bolivianas.
Después de 10 meses de gestión, la diputada Lissa Claros, denunció la presencia de exautoridades y funcionarios afines al Movimiento Al Socialismo contratados dentro de la actual gestión de gobierno. Claros también advirtió sobre la existencia de un tráfico de cargos, supuestas mafias de corrupción y tráfico de influencias en la asignación de puestos públicos. Por su parte la postura del gobierno ha respondido a estas fiscalizaciones argumentando las dificultades para desvincular por completo al personal de administraciones pasadas.
Pero, la cereza del pastel la puso el actual vocero oficial de la Presidencia de Bolivia José Luis Gálvez, que en declaraciones a la prensa defiende la inclusión de masistas en el gobierno: “Pertenecer al MAS no es un delito” dijo. Gálvez fue más allá del debate central sobre los nombramientos y planteó la necesidad de un cambio más profundo. “En términos de honestidad y transparencia, es deseable que el cambio sea radical y drástico. Necesitamos transformar el Estado, pero no solamente un cambio de personas”, indicó, echando por la borda olímpicamente el discurso oficial de lucha contra la corrupción.
Parece haber olvidado que desde el oficialismo se ha acusado previamente de boicot interno a funcionarios del MAS. Las propias autoridades del Ejecutivo han denunciado de manera reiterada que "los masistas boicotean desde adentro" al aparato estatal. El presidente afirmó que su gobierno inició el desmontaje de lo que calificó como una “institucionalidad corrupta” heredada de los gobiernos del MAS, en un proceso que "revela deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios al Estado".
Aseguraba que el Ejecutivo está “poniendo la casa en orden” y trabajando para que los hechos detectados no queden impunes, refiriéndose a los casi 20 años de gobiernos del MAS. Las cifras dicen que hay más de 15.000 millones de dólares el daño económico derivado de irregularidades detectadas durante los años de administración del MAS. No sabemos por qué, Gálvez ha exorcizado a los masistas.
Este 14 de mayo pasado el vocero presidencial Gálvez, en medio de los conflictos sociales apuntó “que los motivos políticos de quienes perdieron en las urnas, hoy protagonizan los perjuicios a la población boliviana. La politiquería no puede sobreponerse a las necesidades y el bienestar de todos los bolivianos”. “hay que ser claros con el pueblo boliviano. Acá hay políticos que buscan tomar a la fuerza lo que no ganaron en las urnas”. También el presidente informó que se había identificado “un hilo conductor de una mafia” vinculada al Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a quienes dijo metería presos y a la que se atribuye parte de los problemas de desabastecimiento de combustibles.
El exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, al referirse a mala la administración pública pasada, responsabilizaba de la situación económica “devastada”, señalando que la falta de divisas y la persistencia de problemas de abastecimiento de combustible se relacionan con la gestión previa del MAS. Ha sido recurrente el discurso oficial de que el Gobierno se enfrenta a estructuras y prácticas malignas instaladas durante un largo periodo de 20 años, cuya desarticulación requiere tiempo, pero es obvio, que la reconstrucción de los mecanismos internos de control no puede estar en manos de las mismas estructuras. Que parte no ha entendido el vocero. Cuándo se volvieron angelitos.
Un vocero presidencial (o portavoz del gobierno) es la persona autorizada para hablar en nombre del presidente de la República y comunicar la postura oficial del Poder Ejecutivo, es la voz oficial: transmite las decisiones, acciones y mensajes del mandatario con fidelidad. En momentos de crisis, su deber es aclarar rumores, evitar vacíos de información y fijar la postura del Estado ante hechos de gran impacto público. Se supone que ocupa un cargo estratégico porque es una figura clave de la administración encargada de cuidar la credibilidad y la imagen institucional del presidente y del gobierno.
Como es la persona encargada de representar al presidente y al Gobierno frente a la opinión pública, el vocero tiene la responsabilidad de transmitir mensajes claros y coherentes, que se alineen perfectamente con la imagen que se busca transmitir. En situaciones sensibles requiere una comunicación controlada y debe asegurarse de mantener coherencia entre lo que el gobierno hace y lo que comunica. Parece no ser el caso, Gálvez no dio la talla. Una declaración mal realizada afecta la confianza pública y al propagarse rápidamente, agrava el daño.
Fernando Berríos Ayala es politólogo.
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