n las últimas semanas, en el marco de la crisis multidimensional, una angustia se ha puesto por encima de otras preocupaciones ciudadanas: el hambre, fruto de la escasez y la elevación de precios del aceite, arroz y otros artículos de consumo diario. El Gobierno ha tenido que recurrir a la confiscación —y todo lo que implica— para evitar que la falta de comida en las mesas de las familias sea el caldo de cultivo para la movilización social.
En 2023, la desaparición de los dólares fue el tema de desvelo, fundamentalmente en sectores empresariales. Este 2024, el desabastecimiento de diésel y gasolina agudizó la crisis e incrementó el enojo de buena parte de la sociedad con el Gobierno, sobre todo de los actores de las cadenas productivas que parten de la región oriental, proveen más del 70% de los alimentos que se consumen a nivel nacional y generan ganancias con la exportación de los excedentes.
Una reciente encuesta puesta en conocimiento del núcleo de decisiones del Ejecutivo marca que la falta y elevación de precios de los productos de la canasta básica, según la percepción de los entrevistados, ha incrustado la irresuelta crisis económica en la base misma de nuestra sociedad. El hambre, como hace más de 40 años, vuelve a acechar a las familias bolivianas y puede generar consecuencias imprevisibles. Por eso la reacción gubernamental que incluso llegó a la confiscación del arroz y la suspensión de exportaciones del aceite.
La gente de los sectores populares se preocupó por la evaporación de los dólares, pero se acostumbró a vivir sin ellos —es la nueva normalidad, dicen—. Se alarmó por las largas filas de varios días de vehículos de todos los tamaños en busca de combustibles, pero sorteó la contingencia con todo tipo de alternativas en el transporte urbano y el traslado de mercancías. Lo que no está dispuesta a dejar pasar es el hambre o lo que técnicamente se conoce como crisis alimentaria.
El politólogo cochabambino Fernando Berríos Ayala, en su último artículo de opinión (https://www.datapolis.bo/opinion/lucho-sigue-haciendo-su-tarea), anota con perspicacia que en la última protesta de choferes en la ciudad de El Alto, reapareció la consigna “¡Abajo el gobierno hambreador!”. Fue, a no dudarlo, la expresión más clara del humor social de los bolivianos, sobre todo de aquellos que no han salido de la franja de la pobreza o han sido ubicados como parte de las nuevas clases medias.
La estabilidad económica que alcanzamos como país a principios de los 80 del siglo XX, después de la dura experiencia hiperinflacionaria de la UDP, se está desmoronando ante el negacionismo, la actitud pilatuna y la incapacidad gubernamental para aplicar un plan que no sea ahondar la multicrisis, pensando en que la solución a la zozobra puede ser prorrogarse en el poder. Es una tarea para liderazgos con experiencia, firmeza, conocimiento real de la economía y empatía con los sectores empobrecidos.
En el Ejecutivo conocen a detalle los resultados del estudio, que también confirma los bajos niveles de aprobación del Gobierno y la escuálida intención de voto de Lucho Arce, en comparación con otros precandidatos del oficialismo y las oposiciones. ¿Qué hacer? ¡El hambre no espera!, fue la consigna al inicio de los 80 y puede ganar fuerza si la gente sigue sin ver salidas claras y expeditas al colapso.
El encarecimiento de los productos esenciales tiene un dato oficial: 8,8% de inflación acumulada entre enero y noviembre de este año. El Presupuesto 2024 propuso 3,6%, lo que quiere decir que en este momento es casi el triple de lo presupuestado y amenaza con llegar a los dos dígitos a fines de este mes. “El cojo le echa la culpa al empedrado” y el Director del INE afirmó que 2 puntos porcentuales de ese 8,8% son producto de los 33 días de bloqueos evistas —19 en febrero y 24 entre octubre y noviembre—, lo que anticipa que los “cambitas” podrían ingresar a la lista de “causantes” del descalabro, cuando se evalúe la inflación de 2024, a inicios de la próxima gestión.
Después de la intervención de cinco ingenios arroceros en el Norte Integrado de Santa Cruz que se saldó con 45.000 quintales secuestrados, la Ministra de la Presidencia denunció una guerra económica ejecutada por sectores conservadores y el evismo para poner a la población en contra de la administración de Arce. Antes, los culpables de la crisis múltiple fueron el imperialismo estadounidense, la derecha boliviana, las guerras en el otro lado del mundo, los bloqueos carreteros, el cambio climático… todos menos los actuales gobernantes.
Por el momento, el parche al mal estructural es vender bolsas arroberas de arroz —incluido el confiscado en el municipio de Montero— y un litro de aceite por persona con el claro objetivo de impedir que la población, independientemente de su militancia partidaria, tome las calles con sus ollas vacías y haga retumbar la consigna que ya es parte de la historia de las movilizaciones sociales en Bolivia y de su repertorio de protestas callejeras: ¡Abajo el gobierno hambreador!
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
