l gobierno se le está haciendo difícil gobernar, y mucho más cuando enfrenta situaciones críticas. No ha sabido explicar ni resolver a tiempo el problema de la contaminación en los combustibles y tampoco ha logrado definir una línea de comunicación coherente para orientar a la ciudadanía tras el trágico accidente aéreo en El Alto, en el que murieron 24 personas. En ambos casos, lo que quedó fue un desconcertante laberinto de contradicciones, especialmente en torno a la validez de los ahora célebres billetes de la serie “B”.
El verdadero problema es cómo administrar las malas noticias, porque con las buenas no hay tropiezos. Basta con anunciar que el dólar se mantiene relativamente estable, que llegan recursos externos o que Bolivia vuelve a aparecer en el radar de los inversionistas. También se habla de superávit y de exitosas giras internacionales en las que el presidente se codea con la crema y nata de los liderazgos regionales. Ese repertorio fluye sin dificultad y ocupa buena parte de la agenda pública.
Pero cuando aparecen residuos sólidos en la gasolina y los vehículos comienzan a fallar, el discurso se fragmenta. Las explicaciones no convencen o, peor aún, se multiplican sin orden. Unos hablan de sabotaje; otros, de controles deficientes en frontera; algunos apuntan a las condiciones en que el anterior gobierno dejó los tanques de almacenamiento. Así se construye un relato disperso que no satisface a nadie, ni siquiera a quienes lo sostienen, y mucho menos a quienes deben llevar su automóvil al taller.
Lo peor que puede ocurrirle a un gobierno es perder credibilidad. Si las autoridades del área de hidrocarburos no logran ponerse de acuerdo para identificar con claridad las causas de la gasolina contaminada y ofrecer soluciones concretas a los afectados, el vacío será llenado por otros. Y cuando eso ocurre, la “verdad” deja de ser un hecho verificable y se convierte en herramienta política o en terreno fértil para versiones fantasiosas que alejan todavía más cualquier explicación convincente.
Con el accidente aéreo ocurrió algo similar. El gobierno demoró en expresar condolencias y en decretar duelo nacional. Antes que la empatía, aparecieron los tecnicismos. En cuestión de horas circularon versiones contradictorias sobre el valor legal de los billetes transportados por el avión de la FAB. Primero se afirmó que no tenían número de serie y que, por tanto, no podían utilizarse en transacciones; sin embargo, se advirtió que quienes los recogieran podrían ser detenidos. La pregunta era inevitable: ¿detenidos por llevarse dinero sin valor?
Nunca se informó con precisión a cuánto ascendía el monto del dinero disperso entre los restos aún humeantes del Hércules —una aeronave con más de 40 años de servicio— que silenció definitivamente sus motores a pocos metros de la pista del aeropuerto de El Alto, dejando tras de sí muerte, tragedia y polémica.
La confusión no terminó allí. Tras declarar que los billetes de la serie B estaban temporalmente inhabilitados, poco después se aseguró que sí tenían valor —los obtenidos legítimamente—, pero no aquellos “sustraídos de manera ilegal”. Para impedir que los billetes “embarrados” —así se sugirió identificarlos— ingresaran al mercado, se pidió a la población verificar que los de Bs 10, 20 y 50 no correspondieran al lote invalidado. ¿Quedó claro? Difícilmente. Más de uno debe seguir revisando sus ahorros para comprobar si su dinero vale o no.
A esto se suma el episodio de las maletas que atravesaron la aduana del aeropuerto de Santa Cruz y desaparecieron sin dejar rastro. Hasta hoy no se sabe —el colmo— qué contenían: ¿diamantes, drogas, billetes de otro origen? El silencio solo alimenta la especulación.
En síntesis, cuando un gobierno deja vacíos y no controla el relato de los hechos, otros lo harán por él. Y entonces salir del laberinto se vuelve cada vez más difícil. Las buenas noticias pueden aliviar momentáneamente el ambiente, pero las malas, mal gestionadas, pesan más y erosionan con mayor rapidez. La credibilidad, una vez dañada, no se recupera con facilidad.
Hernán Terrazas Ergueta es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
