olivia es un Estado democrático, pacífico, que tiene un amplio abanico de leyes, decretos, medidas a favor de los derechos humanos, los cuales no constituyen ni privilegios ni prebendas ni regalos ni chantajes del gobierno de turno y de los que nos han gobernado en estos 200 años de fundación de la República.
Los derechos humanos han sido conquistados por cada uno de nosotros los bolivianos desde el lugar que nos correspondió estar en la lucha: en las calles, en los periódicos, en las oficinas, en los bloqueos, en las huelgas de hambre, en reuniones, en los mercados, en las universidades y en las responsabilidades que la historia nos asignó en su momento, pero al fin y al cabo, son nuestros y, por ende, no hay que pedirle al Estado migajas ni rogarle que nos otorgue derechos o los haga cumplir Es obligación nuestra exigirles, así como decía José Martí, “arrancarle al poder los derechos y gozarlos a plenitud”.
Uno de esos derechos que es al igual tan importante que la vida, la alimentación o sea fundamental para sentirnos hombres y mujeres seguros y libres de estar viviendo en un Estado democrático y de derecho, es la libertad de expresión y de opinión, que la Constitución Política del Estado lo consagra plenamente, así como varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
Pero el ejercicio de este derecho fundamental, el de poder expresarnos libremente y que se conozca nuestra opinión de los temas que nos afligen, nos preocupan y que simplemente queremos que se conozca lo que yo opino, molesta de sobremanera al poder político en todas sus expresiones: Gobierno, Asamblea Legislativa, sistema judicial, Policía, alcaldías, gobernaciones, movimientos sociales y otros, para ello hacemos uso de tantas formas de expresión que tiene la libre expresión: obras de teatro, películas, videos, canciones, grafittis, pinturas, poesía, cuentos, ballet, títeres, marchas, bloqueos y ahora, gracias a la tecnología, tenemos en la mano el mundo y desde el aparato celular nos informamos, compartimos, también producimos noticias, denunciamos, criticamos, nos alegramos y fiscalizamos a los que están de forma pasajera en algún cargo del Estado, así como ha sucedido varias veces.
El derecho a la libertad de expresión y de opinión es un bien preciado al que tenemos acceso todos los bolivianos, no es de exclusiva responsabilidad del periodismo, sino que éste viabiliza y difunde el ejercicio de ambos derechos del que hacemos uso el conjunto de la sociedad boliviana.
Pero eso no lo entienden quienes tienen algo de poder entre sus manos y generan situaciones de miedo contra aquel que opina o cuestiona temas culturales, históricos, como los casos tan sonados del tiktoker, Rubén Blanco, que fue denunciado por la Alcaldía de Potosí, procesado y enviado a la cárcel. Su delito por haber criticado la danza de los mineritos, bajo el acusación de discriminación y racismo. Al fin y al cabo era su opinión personal, que se la podría haber rebatido con argumentos, valores y propuestas desde esos espacios de poder.
Un escándalo mayúsculo generó el presentador de un canal digital, Mario Del Alcazar, por afirmar que “la gente que vota debería estar preparada”, recibiendo toda clase de insultos, al extremo que el Defensor del Pueblo pidió que se lo procese por fomentar el racismo y la discriminación. Era una opinión más de alguien muy desubicado. Los argumentos no se hicieron escuchar, solo acusaciones e insultos al opinador.
Luego las declaraciones de persona no grata a un creador de contenidos por parte del Comité Cívico de Oruro, es otra muestra de la faceta violenta que está arraigada en instituciones y en grupos sociales.
Los casos ponen en entredicho nuestro derecho a la libertad de expresión y de opinión, más allá que el poder cada día ejecute alguna acción judicial o política para generar temor entre la población y ésta evite comentar o denunciar alguna situación irregular, lo cual sería imposible, porque los más de 11 millones de bolivianos somos potenciales comunicadores y listos para hacer uso del celular ya sea para transmitir un hecho, una noticia o para expresarnos en libertad y en democracia.
La libre expresión y el derecho a la opinión se han enraizado en las sociedades y en los individuos, con tal fuerza y convicción, que limitar o bloquear esas dimensiones del ser humano, sería comparable a atentar contra la vida misma. Hoy el ser humano se va definiendo y realizándose en la medida que va expresándose, desde aspectos cotidianos hasta fijar una posición u opinar de un tema candente y de importancia.
Hacer uso de la libertad de expresión, es de valientes, así como nos invita el filósofo griego Epicuro: “Di tu verdad tranquila y claramente. Evita ser cobarde y evasivo. No debe importarte que los demás no compartan tus convicciones. Decide ser extraordinario”.
Hernán Cabrera Maraz es periodista y filósofo.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
