or los acontecimientos que se están produciendo, constamos el colapso y la anomia institucional del Estado boliviano a partir del análisis de las condiciones que demanda la democracia.
El incumplimiento de plazos constitucionales se está convirtiendo en la variable de ajuste provocada por la falta de acuerdos en el reparto político. De la misma manera, la confrontación de órganos que rompen discrecionalmente la institucionalidad y están desarrollando sus actividades en tiempos que tienen carácter de excepción, ya están produciendo la interposición de recursos de soluciones complicadas.
Se está normalizando la ruptura del Estado de derecho en el ejercicio de competencias, en la violación de la división de poderes, la judicialización de la política y la manipulación de la capacidad estatal para restablecer derechos conculcados. El viaje del vicepresidente Choquehuanca fuera del país, le permite al senador masista Andrónico Rodríguez la aprobación de leyes que el masista presidente nato del Congreso no comparte, por ser integrante del otro bloque.
El Gobierno ha demostrado su incapacidad material para cumplir responsabilidades de servicios públicos básicos como la dotación de combustible para la producción y la provisión de dólares para la inversión. Simultáneamente, la población sufre una indefensión frente al atropello del poder político, económico y del crimen organizado que ha declarado territorio libre el Chapare y los lugares del territorio nacional en los que les da la gana actuar.
La crisis económica impide el trabajo y la producción del común de los mortales en el que la ruptura de consensos y la solución de los conflictos por vía de la violencia legal, policial, militar y social con movilizaciones y bloqueos, se han convertido en práctica cotidiana.
Comprobamos la destrucción sistemática de la malla social, la cohesión y la representación ciudadana, llegando al absurdo de la confrontación del propio MAS en el poder, con el ejercicio parcelado de la autoridad entre los adversarios evistas y arcistas.
Sí toda esta relación es cierta, y rigurosamente lo es, estamos frente a la necesidad de plantearnos seriamente la revisión y la reconstrucción del pacto social valorando la institucionalidad territorial construida en los departamentos y municipios. Junto a la institucionalidad pública, la población organizada que vive en la geografía nacional y trabaja con los pies sobre la tierra, está quedando como último reducto para restablecer la democracia.
Existen propuestas como el turismo, el desarrollo de la inteligencia y la producción sostenible y competitiva, en el marco de la celebración del Bicentenario que ya está conflictuado por un proceso electoral sanguinario. Mientras la institucionalidad democrática se destruye, la confrontación absurda que se produce entre quienes pretenden la continuidad del MAS desde un MAS prorroguista y traidor, el otro acusado de estar ligado al narcotráfico y los dos MAS acusados de corruptos entre sí, tienen al frente 17 precandidatos de la oposición, en un escenario casi dantesco. Desconocer esta realidad, ya no es responsable.
Carlos Hugo Molina es abogado e investigador.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
