n su último discurso ante la Asamblea General, el pasado 22 de septiembre, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que el mundo se encuentra en un proceso de fragmentación, tensiones crecientes, desconfianza profunda, mercados en crisis, instituciones debilitadas y cooperación menguante, al que denominó la “Gran Fractura”. Aseguró que las guerras prolongadas, el debilitamiento del derecho internacional, las rivalidades geopolíticas, la crisis climática y la aceleración descontrolada de la inteligencia artificial no son fenómenos aislados, sino expresiones de una misma disputa por el poder.
La advertencia de Guterres adquiere mayor dimensión cuando se la contrasta con el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, publicado en enero de este año, que identifica a la confrontación geoeconómica y el conflicto armado entre Estados como los principales riesgos mundiales para 2026. El estudio advierte que los gobiernos están utilizando cada vez más instrumentos económicos con objetivos geopolíticos y de seguridad nacional, y que las cadenas de suministro, las tecnologías estratégicas y los recursos naturales se convierten en elementos de competencia, lo que a su vez profundiza el debilitamiento de las instituciones multilaterales y puede fragmentar la economía mundial.
Más allá de estos diagnósticos, el problema es que las tensiones económicas extremas podrían favorecer la transición hacia formas de confrontación bélica. Los registros del Uppsala Conflict Data Program confirman que en 2025 el mundo registró un máximo histórico de 65 conflictos armados con participación estatal, de los cuales 13 alcanzaron la categoría de guerra. Ese año, el gasto militar global llegó a los 2.9 billones de dólares, equivalente al 2.5% del PIB mundial: el nivel más alto registrado por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz. La carrera armamentista está incluyendo a las grandes potencias, pero también a países subdesarrollados, mientras disminuye la confianza en la capacidad de las instituciones para contener las confrontaciones.
Pese a estos datos inquietantes, no parece que estemos cerca de una etapa de conflagración mundial. Los peligros crecientes son menos catastróficos pero más estructurales: que la guerra vuelva a ser considerada una herramienta normal de la política; que la economía se convierta cada vez más en un campo de batalla; que la tecnología avance más rápido que las reglas; y que las grandes potencias consideren que las instituciones internacionales son obstáculos cuando contradicen sus intereses.
En este escenario, el diagnóstico del Secretario Guterres resulta más preocupante. Las instituciones de gobernanza global ya no reflejan las realidades del poder actual, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encuentra sumido en una parálisis sistémica debido al derecho de veto de sus miembros permanentes, y algunas decisiones de la Corte Internacional de Justicia no tienen efectos concretos.
Hoy, la ONU enfrenta una crisis de autoridad, eficacia y representatividad. Al desdibujarse los límites jurídicos al ejercicio del poder, el multilateralismo cede su lugar a la división del planeta en bloques rivales con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad incompatibles entre sí. Si las instituciones no funcionan, la alternativa puede ser una progresiva sustitución de las reglas por acuerdos de poder, alianzas circunstanciales y relaciones transaccionales. Y cuando las reglas pierden autoridad y la fuerza sustituye al derecho, la distancia entre una crisis regional y una tragedia mundial puede ser mucho más corta de lo que imaginamos.
La Gran Fractura no se detiene en las fronteras de las superpotencias: llega a todos los países, incluyendo Bolivia. La desestabilización de las cadenas de suministro globales y la volatilidad económica asociada a la confrontación geoeconómica exacerban los riesgos locales de desaceleración e inflación, generando una presión directa sobre el costo de vida, encarecimiento de bienes importados, subsidios energéticos y un acceso cada vez más restrictivo al financiamiento internacional debido a las cargas de deuda global.
Como habría afirmado León Trotsky, "tal vez no te interese la guerra, pero a la guerra le interesas". Para Bolivia, la neutralidad pasiva dejó de ser un refugio seguro. La gran lección es que la geopolítica ya no puede observarse como un asunto distante. La guerra, la energía, las materias primas estratégicas, las cadenas de suministro, la tecnología y las finanzas forman parte de una misma disputa global. En este nuevo mundo, poseer recursos no garantiza soberanía; también se necesitan instituciones, conocimiento, tecnología, capacidad productiva y una política exterior capaz de preservar márgenes de decisión.
El desafío de Bolivia será evitar que la fragmentación del orden internacional convierta sus riquezas naturales en una fuente de vulnerabilidad, en lugar de transformarlas en una plataforma para su desarrollo.
Ronald Nostas Ardaya es administrador de empresas e industrial.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
