res meses después de que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), elegidos legítimamente, quedaran al mando de ese alto tribunal, informaron que existen más de 18.000 causas pendientes heredadas de anteriores autoridades, por lo que ejecutarán un plan nacional para reducir esa carga en un plazo de seis meses, comenzando por Cochabamba.
En conferencia de prensa, la presidenta del TCP, Paola Prudencio, explicó que una de las prioridades es atender la resolución de las más de 18.000 causas que están pendientes de atención.
“Cuando asumimos funciones como magistrados, fue una de las primeras cuestionantes que hicimos, pero con el sano objetivo de brindar respuestas efectivas y estrategias de gestión de despacho que permitan descongestionar este cúmulo tan cuantioso de causas”, sostuvo Prudencio.
Respecto a la Comisión de Admisión, indicó que se logró resolver cerca del 85% al 90% de más de 800 causas que también estaban pendientes en esa instancia confomada por tres magistrados del TCP.
“No hay algo más parecido a la injusticia que una resolución tardía y ello representa que no podemos permitir como TCP que existan más de 18.000 causas heredadas que permanezcan sin solución”, dijo por su parte el magistrado Edson Dávalos.
El plan de relanzamiento del TCP contempla cuatro ejes: descongestionar las más de 18.000 causas; resolver la totalidad de procesos en la Comisión de Admisión; reducir la mora procesal en los nueve departamentos a través de las salas constitucionales; y unificar procedimientos y jurisprudencia, especialmente en el tratamiento de audiencias tutelares.
Las primeras jornadas nacionales de descongestionamiento se realizarán el viernes y sábado en Cochabamba, con la participación de vocales constitucionales, jueces en materia penal, el Colegio de Abogados y universidades. También asistirán representantes de Tarija y Chuquisaca, como parte de un trabajo regional coordinado.
Posteriormente, las jornadas se replicarán en La Paz, con participación de autoridades de Oruro y Potosí. Y, finalmente, en Santa Cruz, concentrando a representantes de Beni y Pando.
El objetivo de esas jornadas es recoger propuestas, uniformar buenas prácticas y consolidar soluciones estructurales frente a la retardación de justicia.
