a huida de Romer Saucedo, todavía presidente titular del Tribunal Supremo de Justicia; la apertura de una investigación fiscal por delitos de narcotráfico y crimen organizado; y la elección por voto popular de los actuales magistrados del Órgano Judicial, entre ellos Saucedo, han generado una polémica sobre el ámbito judicial en el que debe ser procesado.
La presidenta temporal del TSJ, Rosmery Ruiz, informó al diario sucrente Correo del Sur sobre el alcance normativo que definirá si el caso Saucedo debe ser radicado en la justicia ordinaria o es derivado a un juicio de responsabilidades.
Ruiz sostuvo que la delimitación del proceso depende estrictamente de la naturaleza de los hechos que se imputan contra Saucedo: tráfico de drogas y crimen organizado.
Además, precisó que si las acusaciones están vinculadas al ejercicio de sus funciones como magistrado de TSJ, el ordenamiento jurídico exige que Saucedo debe ser sometido a un juicio de responsabilidades.
Por el contrario, la autoridad judicial aclaró que, si las acciones indagadas constituyen hechos cometidos de manera aislada al desempeño de su cargo, la causa puede y debe ser procesada en la vía ordinaria, aun si la supuesta comisión ocurrió durante el periodo en que ya ejercía como magistrado.
Respecto a la eventual aplicación de un juicio de responsabilidades, Ruiz advirtió sobre un obstáculo normativo a raíz de una sentencia constitucional que impone garantizar el derecho a la doble instancia en este tipo de juzgamientos.
La autoridad señaló que, si bien se iniciaro investigaciones de esta índole —citando como antecedente el proceso contra los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera—, e insistió en que el Órgano Judicial no cuenta actualmente con el procedimiento adecuado para atender apelaciones en una segunda instancia.
Para resolver esta limitación, el TSJ remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el propósito de subsanar dicho vacío normativo.
La magistrada acotó que, en el supuesto de que se determine formalmente un abandono de funciones por parte del expresidente del TSJ, la Asamblea Legislativa deberá asumir conocimiento del asunto por tratarse de un hecho inherente a su función.
Ruiz señalo que, para esclarecer con certeza qué vía procesal corresponde, se necesita que el Ministerio Público aclare formalmente los hechos imputados, la temporalidad de su comisión y la vinculación que estos pudieran tener con la labor jurisdiccional que desarrollaba Saucedo.
