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ientras el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que rechaza la descertificación de Bolivia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, el viceministro Johnny Aguilera reconocía que el jefe de sicarios, Yasser Vásquez, alias Coco, habría salido del territorio nacional y no hay pistas de sus cómplices en el sicariato.

"El individuo se encuentra se encuentra aparentemente fuera de nuestras fronteras porque se han allanado 12 domicilios, en los cuales se tenía la información de su paradero", informó Aguilera a periodistas de La Paz.

A Vásquez y su grupo de sicarios se les atribuye al menos 13 asesinatos, entre ellos la ejecución de Lorgio Saucedo, cuyo cadáver aún no es hallado por la Policía de Santa Cruz.

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Vásquez está vinculado a otros sicarios como Yerko Junior Iriarte Montaño y los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado, quienes fueron identificados por el propio Aguilera como responsables del acribillamiento de un capitán de Policía en l capital cruceña.

Ante la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidroga, el Gobierno señaló este martes que “Bolivia tiene una política de lucha contra el narcotráfico comprometida y con respeto a la soberanía de cada país”.

En ese contexto, destacó que “el narcotráfico es un problema mundial de responsabilidades compartidas”.

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“Bolivia tiene una política de lucha contra el narcotráfico comprometida y con respeto a la soberanía de cada país, con un modelo de enfoque integral que alienta el trabajo conjunto entre países de la región en coordinación con la cooperación internacional como la UNODC, JIFE, Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA, para el fortalecimiento de mecanismos de apoyo en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y delitos conexos”, reseña el comunicado publicado por el Ministerio de Gobierno.

La administración de Donald Trump publicó el lunes un documento en el que incluye a Bolivia en la lista de los países que han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.