osé Gabriel Espinoza parece que no se concibe alejado del poder, sobre todo ahora que es supeministro en el gabinete de Rodrigo Paz. Este martes, luego de la censura dispuesta por la Asamblea Legislativa, puso en manos del Tribunal Constitucional su continuidad o no como ministro de Economía, sabiendo que no puede prounciarse porque no tiene el quórum mínimo para asumir una determinación.
Espinoza cuestionó la constitucionalidad de la censura aprobada este martes por el pleno de la ALP y dejó en manos del Tribunal Constitucional la interpretación sobre la validez de la decisión, máximo tribunal de justicia constitucional que en este momento tiene 4 de los 9 magistrados que lo componen y, por tanto, no podría tratar ningún recurso relacionado con su permanencia o no en el cargo de jefe del área económica del equipo de ministros.
“Yo insisto, me voy a apegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea hoy día es constitucional o no”, afirmó Espinoza desde Santa Cruz, donde se encontraba para anunciar el inicio del proceso de institucionalización de la Aduana Nacional.
La Asamblea censuró a Espinoza con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, luego de rechazar por 81 votos contra 43 su justificación para no asistir a la sesión de interpelación.
El presidente del Órgano Legislativo, Edmand Lara, sostuvo que los dos tercios debían calcularse sobre los presentes, mientras que el presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió que se requieren 111 votos, es decir sobre el total de senadores (36) y diputados (130).
Espinoza lamentó la decisión y atribuyó el escenario a la politización. “En estos últimos días nosotros hemos recibido varios ataques y entendemos que el nivel de politización ya es extremo”, afirmó, al señalar que su ministerio continúa con el trabajo técnico encomendado por el presidente Rodrigo Paz.
La interpelación fue promovida por diputados por la gestión pública, la política monetaria y la planificación macroeconómica, en medio de la investigación por la compra de una vagoneta Audi Q4 e-tron, caso por el que el vicepresidente presentó una denuncia penal.
