n los días 53 de los bloqueos del evismo, ahora concentrados en el departamento de Cochabamba, y 3 del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, este lunes de produjo un choque discursivo entre el caudillo Evo Morales y el vocero gubernamental José Luis Gálvez sobre una hidroeléctrica y los continuos cortes de luz en el trópico cochabambino.
En un ampliado de cocaleros realizado este lunes en el trópico, Morales amenazó con tomar una de las plantas hidroeléctricas instaladas en esa región si vuelve a presentarse un nuevo corte de energía. Ya ocurrieron cuatro cortes que son interpretados por Morales y sus seguidores somo señales de que se busca detener al caudillo atrincherado en esa región.
“Si nos cortan otra vez, nos movilizamos, tomamos una (planta de energía eléctrica) y la administramos para que nunca nos falte energía”, señaló Morales en el encuentro.
Otro representante de los cocaleros que tomó la palabra asumió una posición similar a la de Morales. “Si se sigue apagando la luz, vamos a ir a tomar las plantas hidroeléctricas, tenemos profesionales que pueden administrar esas plantas, nosotros vamos a administrar esas plantas ya no el Gobiernos hermanos y hermanas”, aseguró.
Ante las advertencias de Morales y otro dirigente cocalero, Gálvez, señaló en La Paz que el Gobierno no permitirá ningún acto criminal.
“Amenazar con tomar plantas, cortar el agua es criminal. Tenemos que ser claros, no podemos seguir socapando, amenazas, ni comportamientos criminales justificados bajo el manto político, reivindicación o lo que fuese”, manifestó Gálvez en contacto con los medios.
“No hay nadie por encima de la ley, y todos los que hayan cometidos delito deben rendir cuentas ante la ley y al pueblo boliviano”, señaló, aunque varios detenidos por cometer presuntos delitos durante los bloqueos, entre ellos el principal dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, fueron liberados y las imputaciones fueron anuladas.
Es más, en el acuerdo que firmaron Paz y el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, se habla de una comisión conformada por el Ejecutivo, la organización obrera y la Fiscalía General del Estado para "gestionar liberación de los detenidos" que se calcula en más de 100.
