na de las metas más fuertes del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y Estado boliviano para acceder a 1.900 millones de dólares destinados a cambiar el modelo económico del país es el ajuste fiscal que pretende reducir el enorme gasto público hasta el 3,5 del PIB en 2029, tiempo en el que finalizará el programa del FMI y las evaluaciones permanentes.
El Gobierno se compromete a eliminar el déficit primario del Sector Público No Financiero (SPNF) al finalizar el programa, según informó el diario El Deber. Además, el déficit global debería bajar hasta aproximadamente 3,5% del PIB en 2029. Para 2026, el presupuesto reformulado fija un déficit máximo de Bs 47.000 millones, equivalente al 9,3% del PIB.
En cumplimiento de esa meta este año, el ministro de Economía, Christian Morales, informó que se ha identificado un grupo de empresas públicas para su cierre en los próximos meses, después de estudios realizados por el Ejecutivo desde inicios de la actual administración.
“En el muy corto plazo, (…) hay un grupo de unas 8 (a) 10 empresas que vamos a empezar a cerrarlas”, dijo la autoridad en una entrevista con la radio Erbol, aunque no detalló cuáles serían las primeras empresas deficitarias que fueron creadas en los regímenes de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
A continuación Datápolis publica en su totalidad los diez puntos clave del acuerdo entre el FMI y la administración de Rodrigo Paz difundidos por el diario El País de Tarija, una especie de plan de gobierno para el área económica que será evaluado en su ejecución de manera permanente por el organismo internacional que realizaría el primer desembolso en octubre por un monto cercano a los 850 millones de dólares, según expertos en economía.
1. El Gobierno reconoce una crisis fiscal y externa de gran magnitud
El documento parte de un diagnóstico muy duro: déficit fiscal de 11% del PIB en 2025, monetización del déficit equivalente al 7% del PIB (unos USD 4.400 millones) y deuda pública superior al 80% del PIB. A ello suma la caída de la producción de gas, el agotamiento de reservas internacionales y la brecha cambiaria.
2. El ajuste fiscal será profundo: 8,5% del PIB
El Gobierno se compromete a una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, con el ajuste concentrado especialmente en los primeros años. El objetivo es eliminar el déficit primario al finalizar el programa y reducir el déficit global hasta 3,5% del PIB en 2029.
3. El subsidio a los combustibles tiene fecha de caducidad
Aunque los precios internos se mantendrán congelados durante 2026, el documento establece que en enero de 2027 los combustibles deberán alcanzar niveles de recuperación de costos y que el Presupuesto 2027 no contemplará subvenciones a los combustibles.
4. Se consolida el tránsito hacia un tipo de cambio flexible
El Gobierno abandona el tipo de cambio fijo como ancla y se compromete a avanzar hacia un tipo de cambio determinado por el mercado, con intervenciones limitadas del BCB. Los bancos podrán realizar operaciones cambiarias a tipos libremente negociados.
5. El BCB pierde una de sus funciones históricas: financiar al Estado
El programa establece como criterio continuo cero nuevo crédito neto del Banco Central al sector público no financiero. También se prepara una reforma para fortalecer la autonomía, gobernanza y rendición de cuentas del BCB. Esto es mucho más importante que una cuestión técnica: cambia la relación entre política fiscal y política monetaria.
6. El Estado deberá reducir gasto, empresas deficitarias e inversión de baja prioridad
La hoja de ruta contempla contención de la masa salarial, reducción de bienes y servicios, racionalización de la inversión pública y reestructuración de empresas estatales no viables. También podrán retrasarse o cancelarse proyectos considerados de baja prioridad.
7. Se prepara una liberalización más amplia de precios y comercio
El documento anuncia la eliminación gradual de controles de precios y restricciones a las exportaciones, incluidos controles generalizados sobre alimentos y energía. Es uno de los cambios estructurales más importantes del memorando.
8. Hidrocarburos y minería quedan abiertos a una nueva arquitectura para la inversión privada
Se plantea una revisión integral de los marcos regulatorios y tributarios de hidrocarburos y minería para incentivar nuevas exploraciones privadas, aunque el documento dice que se buscará garantizar una "proporción adecuada" de las rentas para el Estado. En hidrocarburos, además, se apuesta explícitamente por recuperar inversión y frenar la caída de la producción de gas.
9. La reforma tributaria queda para después, pero ya está comprometida
No hay un gran incremento tributario inmediato. Sin embargo, el Gobierno se compromete a elaborar una Estrategia de Movilización de Recursos Internos, con medidas tributarias, administración de ingresos y reforma aduanera, en coordinación con el personal del FMI. Es decir: el ajuste inicial recaerá principalmente sobre el gasto, pero la discusión tributaria llegará en el segundo y tercer año.
10. El FMI tendrá un papel permanente en la evaluación del programa
El programa será revisado trimestralmente. Las metas incluyen reservas internacionales, resultado primario, ausencia de financiamiento del BCB al Estado y límites monetarios. El propio documento establece que, si aparecen shocks adversos, podrán adoptarse medidas adicionales en coordinación con el personal del FMI. Además, el memorando señala que varias reformas podrán perfeccionarse durante futuras revisiones y con las conversaciones con las autoridades.
