a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la solicitud de audiencia sobre criminalización a defensores ambientales, presentada en diciembre pasado por la Subcentral Campesina Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos (CONTIOCAP) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
La audiencia está fijada para el viernes 7 de marzo, a las 11:00 (hora de Washington, misma hora de Bolivia), y será en la modalidad virtual. Así lo confirmó Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva de la CIDH, mediante una nota fechada el pasado 23 de enero.
La audiencia abordará la problemática de la criminalización a las personas y comunidades que defienden el medioambiente, el agua y sus territorios, hecho que se ha evidenciado con mayor gravedad en el caso de los procesos penales en contra de más de 25 personas de las comunidades de Chiquiacá, en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía.
Los procesos interpuestos por las empresas petroleras YPFB y Petrobras Bolivia, se presentaron en contextos de imposición de actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva, que, según los expertos, afectaría a un 52% del territorio de esta invalorable área protegida ubicada en el departamento de Tarija, determinando su total degradación.
La solicitud hecha por las tres entidades peticionarias dice: “la audiencia permitirá exponer las graves violaciones de derechos humanos derivadas de las actividades extractivas descontroladas y la instrumentalización del sistema de justicia para silenciar a quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.
El objetivo de la audiencia es, precisamente, presentar información actualizada sobre el uso del derecho penal por parte de empresas estatales y transnacionales en Bolivia, así como otros actores económicos, para criminalizar a defensores del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos.
“Esta información busca evidenciar los patrones de abuso contra quienes ejercen su derecho a la defensa del medio ambiente y los territorios indígenas, promoviendo así una reflexión crítica sobre la situación y la implementación de medidas de protección efectivas por parte de la CIDH”, se apunta.
En la audiencia, si bien se expondrá con mayor amplitud el caso de los defensores ambientales de Chiquiacá, criminalizados por las mencionadas empresas petroleras, se presentarán también otros casos de persecución penal en contra de comunarios defensores de su territorio, en contextos de minería aurífera, como el caso de la comunidad Tres Marías, en el municipio de Yanacachi y el caso de los Guardaparques hostigados y criminalizados.
Los peticionarios anunciaron que la próxima semana, desde Tarija, darán una conferencia de prensa para explicar más detalles de la audiencia y su importancia para la actual situación de varios defensores ambientales criminalizados en Bolivia.
Sobre el caso de las defensoras y defensores de Tariquía, así como el caso de los Guardaparque, también se pronunció la Defensoría del Pueblo y ha recordado al Estado, en el marco de sus compromisos en convenios internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la obligación que él tiene de asumir medidas oportunas y efectivas para proteger a los defensores, en vez de criminalizarlos.
