ientras la crisis económica se agrava con falta de diésel y la política se agudiza con elecciones judiciales fragmentadas, el gobierno de Luis Arce concentra sus esfuerzos en el descabezamiento del evismo, su principal enemigo político, con una intensa búsqueda del exministro Juan Ramón Quintana para aprehenderlo y espera que se libre una orden de detención contra Evo Morales, el caudillo del MAS.
El locuaz viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, reapareció ante los medios este jueves e informó que en las últimas horas se realizaron dos allanamientos a domicilios en la zona de Sopocachi de La Paz en busca del hombre fuerte de Morales. En uno de los operativos se secuestraron una computadora y documentos en cajas.
Aguilera sostuvo además que se investigará la posibilidad de que Quintana haya salido del país por algún paso fronterizo regular, aunque los mayores esfuerzos de la Policía es la búsqueda en territorio nacional del exministro de la Presidencia, quien dijo hace una semanas que "el ritual del bloqueo lamentablemente se alimenta de la sangre", en medio de los bloqueos carreteros del evismo que se extendieron por 24 días.
Quintana, el secretario ejecutivo de los campesinos evistas, Ponciano Santos Colque, y los dirigentes aprehendido este miércoles Humberto Claros y Ramiro Cucho, son investigados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado.
En el caso de Evo Morales, el viceministro sostuvo que aún no existe una orden de aprehensión en su contra por los bloqueos carreteros que, según el Gobierno causaron perdidas de 4.000 millones de dólares sumando los 16 días de enero-febrero y los 24 días de octubre-noviembre,.
Sin embargo, ese escenario puede cambiar para el caudillo del MAS porque en los siguientes días se abrirá la investigación por terrorismo y otros presuntos delitos en su contra en la Fiscalía de La Paz, a partir de una denuncia penal presentada por Vicente Cuéllar, rector de la universidad pública de Santa Cruz y precandidato presidencial.
La demanda penal por terrorismo de Morales fue presentada por Cuéllar en Santa Cruz y fue enviada a la Fiscalía del trópico de Cochabamba, pero luego fue remitida a La Paz dado que el delito denunciado es terrorismo y un decreto promulgado por el propio Morales en 2009 establece que los casos de presunto terrorismo deben ser investigados en La Paz, sede del Órgano Ejecutivo y de la Presidencia del Estado.
