l último escándalo que implica al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y la incapacidad para solucionar el desabastecimiento de carburantes, posibilitar el retorno de los dólares y frenar la elevación de los precios de los productos de la canasta básica han provocado que sectores políticos, productivos y sociales exijan investigaciones a nivel del Legislativo y la abrogación del Decreto 5676. Algunos convocaron a movilizaciones pese a la vigencia del estado de excepción.
Empezando por los casos Cerimedo, uno en Santa Cruz por intentar matar a su expareja Nadia Beller y otro en La Paz por enriquecimiento ilícito aprovechando su influyente rol en el núcleo del poder boliviano, Unidad Nacional, a través de su presidenta, Elizabeth Reyes, reiteró el pedido de una investigación "hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga" a nivel de la Asamblea Legislativa.
“Bolivia está espantada por un escándalo que indica la presencia de corrupción y una organización criminal muy cerca del poder”, señaló en un video Reyes.
Leonardo Roca, senador cruceño de Libre, también expresó la necesidad de que los casos que involucran al ahora asesor argentino detenido preventivamente en Palmasola sean indagados por una comisión multipartidaria, ya que existen muchos elementos que desmienten el intento del Gobierno de negar el rol determinante de Cerimedo en la cúpula del Órgano Ejecutivo.
Este lunes se cumple una semana exacta del estallido del caso de tentativa de feminicidio de Cerimedo contra Beller y de la puesta en marcha de una medida que eleva el precio del litro del diésel para grandes consumidores de Bs 9,80 a Bs 18, decisión que no disminuyó las largas filas en los surtidores del país.
Durante la semana, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros guardaron silencio sobre ambos temas. Este lunes Paz decidió reunirse con su gabinete puesto que se busca una salida frente a la crisis de los combustibles y el caso que llevó a la cárcel de Palmasola a Cerimedo por 180 días.
El alcalde de Cochabamba y líder de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, pidió al Gobierno declarar prioridad nacional el problema del abastecimiento de combustible y sugirió que abrogue el Decreto 5676 que estable un precio referencial del diésel para los grandes consumidores.
Reyes Villa afirmó que, así como el resto de la población, la Alcaldía cochabambina también está afectada por la escasez de diésel, ya que no están recibiendo la dotación necesaria para poder realizar las actividades.
Desde Santa Cruz, el sector agroproductivo confirmó que se reunirá este jueves en el municipio de Warnes, en Santa Cruz, para determinar las acciones en torno al cuestionado Decreto 5676.
“Hemos convocado a nuestro congreso extraordinario el día jueves a las 09:00. Lo hemos ampliado para que sea a nivel nacional. Están viniendo todas las cámaras agropecuarias del país” señaló el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Klauss Frerking, luego de criticar la inutilidad del Decreto 5676 y la falta de soluciones de parte del Gobierno, mientras la crisis de los carburantes se agudiza.
Por su parte, el evismo inició acciones de presión para abrogación Decreto 5676 con na marcha y un bloqueo esporádico realizados este domingo en San Juan de Yapacaní; una concentración convocada por las federaciones cocaleras del trópico para el miércoles en Ivirgarzama; y la advertencia de movilizaciones en cuatro provincias del norte cruceño.
Además de la declaratoria de guerra de los sectores evistas, otros sectores como los cooperativistas mineros también anunciaron acciones para que el Ejecutivo anule el resistido Decreto 5676.
Este domingo, en medio de una marcha y un tractorazo, los agricultores de San Juan de Yapacaní dieron plazo al Gobierno de 24 horas para que abrogue el Decreto 5676. Por su parte, representantes de las cuatro provincias del norte del departamento de Santa Cruz dieron ayer un ultimátum de 48 horas.
