uego de que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmara que se abrió en su país una causa contra Evo Morales por trata de menores con fines sexuales, durante su estadía en el vecino país, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que se ajustará a las normas legales en caso de que Argentina emita un requerimiento judicial o una alerta migratoria contra el expresidente Morales.
“Eso lo tendrán que determinar los fiscales, si hay una alerta migratoria y llega a la Dirección General de Migración será la instancia que debe cumplir lo que determina la justicia, así como la Policía está cumpliendo las leyes, nosotros cumpliremos la Ley y las direcciones van a cumplir las leyes”, dijo Del Castillo este domingo, en una conferencia de prensa.
Bullrich señaló que Morales habría cometido delitos como trata y abuso sexual, por lo que la denuncia fue judicializada hace 15 días. La Fundación Apolo, también de Argentina, presentó denuncias similares y aún no se conoce la determinación de la justicia argentina si unirá las demandas en una sola causa.
Mientras tanto, en Bolivia, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, indicó que ya hay pruebas contra Morales sobre sus relaciones incestuosas, aunque aún no se ha ejecutado una orden de aprehensión.
La ministra Bullrich confirmó este sábado la apertura de la investigación penal contra Morales, luego de ser denunciado por el empresario y político boliviano Branko Marinkovic.
“Hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, publicó Bullrich en su cuenta de X.
“A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista ex presidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”, añadió la ministra argentina en su publicación.
Al margen del proceso abierto en Tarija, hay al menos otras siete denuncias por abusos a menores contra Morales que hicieron conocer autoridades de la ciudad de Cochabamba en octubre, las cuales serán presentadas al Ministerio Público.
