ntre maletas, oro, audios, otros asuntos quedan entre papeleos, aunque su dimensión puede marcar el mejor o peor destino de las futuras generaciones. Entre esos temas están los de la propiedad de la tierra, los parques nacionales, los bosques.
Hay casos que datan de la anterior gestión, como la estrambótica compra de un predio llamado “Adán y Eva”. Entonces se denunció que el hijo del expresidente Luis Arce Catacora, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, había comprado el fundo por valor de 3,3 millones de dólares. El neo agroindustrial había arrasado con 500 hectáreas de bosque primario para sembrar soya. También se denunció que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) había autorizado el desmonte de mil hectáreas. La denuncia del grupo de medios Conectas quedó como un antecedente.
Poco se sabe de lo sucedido con “Adán y Eva”, de las amistades de los socialistas del Siglo XXI con poderosos del agronegocio y qué pasa con miles de otras hectáreas desforestadas para sembrar soya. Expertos en los temas de tierra e instituciones dedicadas a este asunto publican regularmente informes sin lograr la repercusión de otros temas más sexis y Bolivia sigue perdiendo bosques, aire, agua.
Uno de los primeros quiebres de la actual gestión fue la llamada Ley de Branko Marikovic para la conversión voluntaria y gratuita de la clasificación de pequeña propiedad a propiedad mediana, supuestamente para acceder a créditos. Los indígenas de las tierras bajas reaccionaron inmediatamente contra la Ley 157 (Ley 1720) por la experiencia que tienen en la pérdida gradual de sus territorios. Iniciaron una marcha que no pudo ser detenida por los mediadores y llegaron hasta La Paz. Lograron la abrogación de la medida, pero el mal ambiente quedó.
Marikovic no convenció a los campesinos con su idea de que el “80 por ciento del sector rural sería beneficiado”. Al contrario, despertó antiguos demonios. La sola mención “conversión para la propiedad agraria” trajo malos recuerdos a las comunidades en todo el país.
En el área andina, en programas de radio, se escuchaban quejas y preocupaciones de los campesinos porque les iban a quitar sus tierras; porque los iban a acorralar igual que hizo Melgarejo; que iba a ser aprovechada para dividir las tierras comunitarias de origen; que iba ser usada para dividir a los campesinos. Fueron parte de los argumentos que echaron leña a la frustración por los primeros meses de gobierno de Rodrigo Paz y que se tradujeron en los 53 días de bloqueos en las carreteras y el cerco a La Paz.
Hace poco, el ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, provocó otra ola de protestas con su instrucción para el despido masivo de los 143 guardaparques del país. La orden era “poner los cargos a disposición”. Justiniano ha ido abarcando más competencias con la súbita desaparición del Ministerio de Planificación que desordenó las dependencias tradicionales.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) (1997) fue una de las instituciones más sólidas y confiables hasta que Evo Morales y Juan Ramón Quintana lo destrozaron con la imposición de autoridades ignorantes (como Abel Mamani que no tenía idea de la floresta) hasta la contratación de personal sin la formación técnica adecuada. Se prepara un diagnóstico que seguramente detallará qué ha pasado y cómo puede continuar esta institución.
Como candidato, Paz Pereira prometió la meritocracia. Sin embargo, no parece que la actual dirección interina del SERNAP represente a quienes han defendido el Medio Ambiente y conocen la gestión de una entidad tan compleja. Se rumorea de “asesores” del ministerio que actúan contra personas que conocen la entidad.
Los guardaparques denunciaron que la medida de “poner sus cargos a disposición” les dejaba sin seguridad laboral, con el peligro de ser desvinculados. Muchos de ellos llevan años de trabajo y en varios momentos fueron los frenos al avance de la minería ilegal, las plantaciones de coca y el tráfico de tierras en los parques nacionales.
La denuncia de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) fue apoyada por la Defensoría del Pueblo (aunque es tarea para el Ministerio de Trabajo) con una solicitud de audiencia urgente para evitar daño a los derechos humanos y ambientales y la afectación a la Madre Tierra.
También reaccionó la diputada Cecilia Requena por la amenaza a la institucionalidad de la gestión ambiental, ya “hecha añicos” y calificó la iniciativa de Justiniano como un “nuevo ataque contra las áreas protegidas”.
Posteriormente, Justiniano aseguró que se garantizaba la estabilidad laboral, pero queda en el tintero la preocupación por el futuro de los parques nacionales y las áreas protegidas que han sido una garantía para la vida en Bolivia, pero que son una tentación para actividades ilegales, el extractivismo y otras ambiciones.
Lupe Cajías de la Vega es periodista, historiadora.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
