olivia vive una de las crisis más dramáticas de los últimos tiempos, consecuencia del saqueo y del despilfarro heredado de los anteriores gobiernos, pero eso no libera de sus responsabilidades y decisiones al actual mandatario. Las carreteras, otra vez, son ríos de piedras y neumáticos quemados. El diésel, ese pulmón del transporte y del abastecimiento, se ha vuelto un fantasma que aparece solo en los anuncios oficiales. Los ministros de Defensa, Educación y Trabajo dimitieron en cadena en junio de 2026, como ratas que abandonan el Titanic que hace agua por todas partes.
Y en el centro del remolino, Rodrigo Paz Pereira da conferencias, escribe tuits, posa para las fotos como si el país fuera un decorado. No lo digo con rabia; lo digo con el estupor de quien ha leído suficiente historia boliviana para reconocer un patrón que se repite sin que nadie parezca notarlo. Paz Pereira no es el primer presidente que confunde el cargo con la capacidad de gobernar. Tampoco será el último. Pero su caso tiene la particularidad de condensar, en tiempo real, las tres tensiones que han destruido a casi todos los gobernantes que Bolivia ha tenido: el vacío de poder, la soberbia o ineptitud personal, y el entorno que devora.
Tres sogas trenzadas alrededor de un mismo cuello que, cuando se ajustan, no dejan salida. Y la historia, esa maestra implacable que nunca cobra, pero siempre pasa factura, ya ha escrito el desenlace de quienes no supieron leerla. Gobernar, en su definición más técnica y despiadada, es la capacidad de mantener el orden estatal mientras se conduce a la nación hacia algún puerto. Pero esa capacidad no flota en el aire; depende de tres pilares que, si fallan, convierten el sillón presidencial en una trampa mortal.
El primero es el margen de maniobra real: ese espacio que el sistema político, la economía y la calle le conceden a quien manda. Cuando el Congreso bloquea, cuando los mercados desconfían, cuando la gente sale a trancar caminos, el presidente se asoma al abismo del vacío de poder. El segundo es la competencia personal: la habilidad para leer la realidad, tomar decisiones a tiempo y evitar que la vanidad se disfrace de estrategia. La soberbia, esa certeza de que uno siempre tiene razón, es prima hermana de la ineptitud, porque ambas impiden ver lo que no se quiere ver. Y el tercero es el entorno: ese gabinete, ese partido, ese vicepresidente que debería apuntalar y en cambio sabotea, esa coalición que debería asesorar y ejecutar, pero que con demasiada frecuencia aplaude, miente o conspira, convirtiendo al presidente en rehén de sus propios aliados.
La historia boliviana es un desfile de mandatarios que cayeron porque una, dos o las tres sogas se cerraron al mismo tiempo. Algunos casos son casi puros: una sola tensión los fulminó. Otros, los más trágicos, combinaron las tres en un nudo ciego del que no pudieron escapar.
El primer nudo de la colección se lo debemos a Pedro Blanco Soto, el presidente que en 1828 duró seis días y no llegó a gobernar ni una hora. Su caso es el ejemplo más puro de soberbia individual combinada con un vacío de poder absoluto. Blanco Soto era un militar ambicioso que llegó al cargo apuntalado por tropas peruanas que ocupaban el país. Creyó, con esa arrogancia que ciega a los mediocres, que el título de presidente bastaba para someter a una nación recién nacida y ya orgullosa.
No construyó una sola alianza con las élites locales, no emitió un decreto que sirviera de algo, no entendió que la legitimidad no se importa en bayonetas ajenas. Su margen de maniobra era cero, pero él actuaba como si tuviera el país en un puño. El entorno, si se le puede llamar así, era una ficción de aduladores que se esfumó en cuanto el palacio fue rodeado por los patriotas. Al séptimo día, Blanco Soto estaba arrestado y luego ejecutado, sin que nadie derramara una lágrima. Es el recordatorio más brutal de que un presidente que confunde el cargo con el poder real le puede costar hasta la vida.
Más de cuatro décadas después, Tomás Frías Ametller demostró que ni siquiera la honestidad más pura es suficiente cuando el entorno se pudre bajo los pies del gobernante. Don Tomás fue, sin discusión, el presidente más íntegro del siglo XIX boliviano. Respetuoso de las leyes hasta la ingenuidad, austero en un país de botines y sables, gobernó con la convicción de que la Constitución bastaba para mantener a raya a los ambiciosos.
Pero su segundo mandato (18741876) se hundió porque su ministro de Guerra, el general Hilarión Daza, conspiraba abiertamente mientras él redactaba decretos impecables. Frías no supo leer las señales, no quiso creer que sus propios subordinados pudieran traicionarlo, y esa ceguera —que en un ciudadano común es candidez, pero en un presidente es negligencia— le costó el cargo. El entorno lo devoró con una facilidad pasmosa, como una jauría paciente que espera el descuido del ciervo.
En 1876, Daza dio el golpe sin disparar un tiro dentro de Palacio y don Tomás se fue a su casa preguntándose qué había fallado. Había fallado la lección más elemental del poder: un presidente que no controla a sus ministros ya no gobierna, es gobernado. Su entorno no era una herramienta, era una soga que él mismo se había anudado al cuello sin darse cuenta.
Mariano Baptista Caserta (1892–1896) es un caso aún más trágico porque se trataba de un intelectual pacifista, un orador magnífico que aborrecía la violencia. Llegó al poder apadrinado por la rosca minera de la plata, esa oligarquía conservadora cuya soberbia de clase era directamente proporcional a su desconexión de la realidad.
El entorno de Baptista lo empujó a ejecutar una durísima represión contra los liberales y los pueblos indígenas, manchándole las manos con una violencia que él, personalmente, detestaba. Su inacción para frenar a sus ministros de línea dura lo convirtió en cómplice de lo que no quería hacer. El resultado fue una deslegitimación tan profunda que pavimentó el camino para la guerra civil de 1899 y el fin del orden conservador.
Baptista demostró que un presidente puede tener buenas intenciones, pero si no les pone límites a quienes lo rodean, se vuelve rehén de la soberbia ajena. Fue un hombre que llegó al poder con flores y terminó empuñando espinas que otros le pusieron en las manos. Su caída no fue estrepitosa, sino lenta y amarga: un presidente devorado por la intolerancia de su propia coalición, que lo aisló en un palacio de aplausos mientras el país se le escapaba por la ventana.
A principios del siglo XX, José Gutiérrez Guerra (1917–1920) encarnó la arrogancia de clase y la inacción frente a los vientos de cambio. Fue el último presidente del ciclo liberal, un hombre culto y refinado que gobernó como si el país fuera un club social. Su administración hizo gestión — caminos, escuelas, algunos avances institucionales—, pero fue completamente sorda al hambre y a la furia que hervían en las calles.
La Primera Guerra Mundial desplomó los precios de las materias primas, los obreros se organizaban y exigían derechos, y Gutiérrez Guerra se encerraba en recepciones diplomáticas y discursos vacíos. No leyó la situación, o la leyó con los anteojos de una élite que creía que el poder era eterno. Su entorno, un círculo de apellidos ilustres, lo aisló en una burbuja de optimismo cortesano.
En 1920, el golpe republicano lo barrió sin resistencia. Nadie salió a defenderlo porque nunca nadie se sintió defendido por él. Gutiérrez Guerra demostró que la ineptitud no necesita ser estruendosa; a veces es simplemente no hacer nada mientras todo se desmorona alrededor. Un presidente que no escucha termina oyendo solo el portazo de la historia al cerrarse.
Llegamos entonces al desastre del Chaco, un capítulo donde las tres sogas se trenzaron con una fuerza devastadora. Daniel Salamanca Urey (1931–1934) era un intelectual prestigioso, un civil austero que llegó a la presidencia con fama de brillantez y salió de ella arrastrado por los generales que él mismo había encumbrado.
La primera soga fue el entorno: su gabinete conservador y un alto mando militar inflamado de chauvinismo lo empujaron a subestimar por completo la logística de la guerra. Le aseguraban que pisar fuerte bastaba, que Paraguay caería solo, y Salamanca, atrapado en una burbuja de optimismo, les creyó. La segunda cuerda fue la soberbia colectiva de ese entorno que le mintió con partes falsos, que le ocultó las derrotas, que lo aisló de la realidad del frente. La tercera fue la inacción del propio presidente, que delegó la estrategia sin fiscalizarla, confiando en que la palabra “general” garantizaba competencia y lealtad.
Cuando quiso reaccionar y visitó el frente, ya era tarde: sus propios comandantes lo apresaron en el infame “Corralito de Villamontes” de 1934 y lo derrocaron en plena guerra. Salamanca fue la viva imagen del gobernante prisionero de sus propios soldados, un hombre que entró al palacio con la cabeza alta y salió de él escoltado como un reo.
Y entonces vino José Luis Tejada Sorzano (1934–1935), el inútil por excelencia. Asumió la presidencia tras la caída de Salamanca, en plena agonía de la guerra, pero su papel nunca fue más que el de una pantalla civil para un Alto Mando que manejaba los hilos reales. No tenía base popular, no tenía margen de maniobra, no tenía absolutamente nada. Y su ineptitud consistió en aceptar ese papel decorativo sin chistar, en no intentar siquiera romper el decorado para gobernar de verdad.
Firmó lo que le pusieron delante, presidió la derrota final del Chaco sin haber pintado un solo trazo estratégico, y en 1936 los mismos uniformados que lo instalaron lo depusieron sin mayor trámite. Tejada Sorzano fue un presidente de utilería, un florero en un despacho en llamas. Su paso por la historia es un suspiro avergonzado que demuestra que no basta con ocupar la silla: hay que estar dispuesto a llenarlo, o la posteridad te recordará como un espacio en blanco.
Hugo Ballivián Rojas (1951–1952) es el siguiente eslabón en la cadena de presidentes que nacieron muertos políticamente. Tomó el control de una junta militar tras la salida forzada de Urriolagoitia, en un país que ya olía a pólvora revolucionaria. Sin base civil, sin apoyo popular, con la sola legitimidad de los cuarteles, su gobierno fue una ocupación temporal del Palacio mientras la historia afilaba la guillotina.
No reformó, no dialogó, no construyó ni un puente hacia la sociedad. Su inacción fue absoluta, como la de un capitán que se encierra en su camarote mientras el barco se hunde. En abril de 1952, la Revolución Nacional lo barrió sin que pudiera oponer más que un suspiro. La presidencia de Ballivián flotó sobre la nada, y la nada se lo tragó. Su ineptitud no fue cometer errores garrafales, sino no hacer absolutamente nada mientras el país cambiaba a su alrededor. Un presidente que solo está presente es un presidente ausente, y la historia lo recuerda como un paréntesis antes del verdadero terremoto.
La Revolución del 52 nos trae a dos gigantes cuyos papeles se invirtieron de forma casi poética, tejiendo una de las correlaciones más fascinantes de la historia boliviana: la dupla Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. Paz Estenssoro en su primera administración (1952–1956) fue el arquitecto de las transformaciones más profundas del siglo XX: nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal.
Supo leer el momento histórico, construir un entorno disciplinado en el MNR y aprovechar un margen de maniobra amplio gracias al respaldo popular. Pero hacia el final de su mandato, la economía estaba al borde del colapso: inflación galopante, desabastecimiento, un país que se comía sus propias reservas. Paz Estenssoro, cegado por la épica revolucionaria, no había sabido leer la realidad económica que él mismo había contribuido a crear.
Fue entonces cuando Siles Zuazo, en su primer gobierno (1956–1960), aplicó el pragmatismo más frío: un plan de estabilización con el FMI, recorte del gasto, contención salarial. Lo hizo con decisión, sabiendo que le costaría popularidad, sabiendo que su propio entorno izquierdista lo acusaría de traidor. Pero salvó al país de la crisis que Paz Estenssoro le había heredado.
Gobernó con fuerza, leyendo la realidad sin anteojeras ideológicas, y demostró que la autoridad no se mendiga, se ejerce. Bolivia respiró. Los papeles se invirtieron de forma dramática veinticinco años después. Siles Zuazo, en su segundo mandato (1982–1985), fue devorado por un entorno sectario y una hiperinflación que él mismo no supo o no pudo contener. Donde antes había sido pragmático, ahora era prisionero de una coalición que le exigía imposibles mientras la COB y el Congreso lo asfixiaban. La crisis que heredó de las dictaduras militares estalló en sus manos, y Siles, íntegro pero impotente, acortó su mandato.
Entonces volvió Paz Estenssoro, ya anciano, en su cuarto mandato (1985–1989), y aplicó la misma medicina que Siles había usado en 1956. El Decreto Supremo 21060, un shock neoliberal que liquidó la hiperinflación a costa de un durísimo ajuste social. Declaró estados de sitio, militarizó las minas, enfrentó a los sindicatos sin pedir permiso. Fue el pragmático implacable que salvó a Bolivia de la crisis que el propio Siles, su viejo compañero, había sido incapaz de domar.
La correlación es tan perfecta como despiadada: cada uno rescató al país de la crisis que el otro había dejado. Y ambos lo lograron con la misma fórmula: leer la realidad sin soberbia, ejercer la autoridad sin miedo, y entender que gobernar no es solo dialogar, sino también actuar con la fuerza que el momento exige. Pero entre esas dos salvaciones, Paz Estenssoro también escribió su propio capítulo de ceguera. En su segundo y tercer mandato (1960–1964), se negó a leer la realidad política que lo cercaba.
La Revolución se había desgastado, los militares conspiraban, las élites conservadoras le retiraban su apoyo, y él, aferrado a un proyecto que ya no caminaba, se aisló en una soberbia de líder eterno que le impidió ver el golpe que se le venía encima. En noviembre de 1964, los generales lo derrocaron y comenzó la larga noche de las dictaduras militares que duraría dieciocho años. Paz Estenssoro, el mismo que en 1952 había encarnado la esperanza, terminó exiliado en Lima, víctima de su propia incapacidad para leer el tablero cuando el poder ya no era un aplauso sino un lastre.
Dentro de esa larga noche, dos figuras encarnan la ineptitud de distinto signo. Luis Adolfo Siles Salinas (1969) fue un presidente accidental, ungido por la muerte trágica de René Barrientos. Socialdemócrata de convicción, honesto, hombre de buenas maneras, asumió creyendo que la Constitución le daba poder real. Pero en la Bolivia de los sesenta, el poder no estaba en las leyes sino en los cuarteles.
Siles Salinas no supo construir un proyecto nacional, no logró convencer a nadie de que su presidencia era algo más que un interinato. Su entorno civil era débil, su margen de maniobra una fina telaraña que el Alto Mando militar ignoró desde el primer día. A los cinco meses, los mismos uniformados que lo toleraban lo derrocaron sin despeinarse. Siles Salinas fue un presidente que flotó sobre un vacío y no encontró piso porque nunca había tenido suelo real. La suya fue la inacción del que quiere, pero no puede, del que tiene ideas, pero carece de la fuerza para imponerlas.
Poco después, Juan José Torres (1970–1971) llegó al poder con una agenda nacionalista y de izquierda que despertó entusiasmo en los trabajadores y pavor en la derecha. Fue un presidente que intentó leer la realidad social del país, convocó una Asamblea Popular, se acercó a los sindicatos y al movimiento obrero. Pero su gran falencia fue no leer la otra realidad: la que se cocinaba en los cuarteles y en las embajadas.
Mientras Torres creía que su respaldo popular bastaba para blindarlo, el coronel Hugo Banzer tejía una conspiración con el apoyo del Brasil, de Estados Unidos y de la oligarquía cruceña. Torres lo supo, pero no actuó con la determinación necesaria; su entorno, un mosaico de izquierdistas más bullangueros que eficaces, no supo defenderlo.
En agosto de 1971, el golpe de Banzer desató una de las dictaduras más violentas de la historia boliviana, con persecuciones, exilios y fosas comunes. Torres había confundido la legitimidad popular con el control real del poder, y esa confusión le costó la presidencia y, años después, la vida en el exilio argentino. Su caso enseña que, en Bolivia, la calle no siempre alcanza para detener los tanques.
Los años posteriores a la caída de Banzer fueron un tobogán de presidentes fugaces que se estrellaron porque nacieron sin margen de maniobra real. Juan Pereda Asbún (1978) llegó envuelto en un fraude electoral tan evidente que ni sus propios partidarios lo defendían. El vacío de poder lo devoró en cuatro meses, porque sin legitimidad el sillón es solo un mueble caro. David Padilla Arancibia (1978–1979) eligió la inacción voluntaria: se limitó a contener los cuarteles y convocar elecciones, renunciando explícitamente a gobernar. Su mandato fue un intervalo hueco, como un portero que cuida un edificio vacío.
Wálter Guevara Arze (1979) apenas duró ochenta y cinco días: un interinato sin base popular ni control militar, una hoja al viento que el primer golpe de Estado barrió sin esfuerzo. Alberto Natusch Busch (1979) pretendió imponer lo que no ganó en las urnas y la calle lo vomitó en dieciséis días de furia popular. Todos ellos fueron presidentes que ni siquiera pudieron empezar a gobernar: la primera cuerda, la del vacío de poder, les apretó la garganta antes de que tomaran posesión real.
Son recordatorios de que, en Bolivia, cuando un presidente no construye los cimientos de su autoridad, el derrumbe es instantáneo y sin gloria. Lidia Gueiler Tejada (1979–1980) merece un párrafo de respeto y otro de advertencia. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia, en un interinato marcado por la esperanza democrática y la fragilidad extrema. Su margen de maniobra era una tela de araña que cualquier brisa podía romper.
No tenía control real sobre las Fuerzas Armadas, infestadas de conspiradores vinculados al narcotráfico y la ultraderecha. Su entorno político, dividido y torpe, no supo construirle una defensa institucional. Y ella, a pesar de su coraje, no pudo hacer más que presidir un funeral anunciado.
En julio de 1980, el golpe brutal de Luis García Meza la arrancó del palacio con una violencia que ensangrentó las calles de La Paz. Gueiler fue víctima de las tres sogas a la vez: un vacío de poder oceánico, un entorno inoperante que no supo blindarla, y una situación donde ninguna competencia personal podía ya torcer el destino. Su caída demuestra que, en Bolivia, hasta los interinatos más dignos se los traga la marea cuando la institucionalidad es una cáscara vacía.
Celso Torrelio Villa (1981–1982) y Guido Vildoso Calderón (1982) fueron los estertores finales del régimen militar. Torrelio heredó un país económicamente devastado, aislado internacionalmente y con las Fuerzas Armadas fracturadas. Su vacío de poder era tan profundo que ni siquiera podía controlar a los oficiales que teóricamente lo obedecían. Su ineptitud para tomar decisiones lo convirtió en una figura ornamental mientras el país se desangraba.
Vildoso, el último general, asumió con el único mandato de devolver el poder a los civiles. Gobernó en un limbo, sin proyecto ni rumbo, como un piloto automático que solo espera que alguien apague el motor. Ambos fueron presidentes que flotaron sobre la nada, atrapados en una crisis que no habían creado pero que tampoco supieron contener. Su inacción fue el último clavo del ataúd militar que, finalmente, en octubre de 1982, devolvió el mando a Hernán Siles Zuazo, cerrando un ciclo y abriendo otro que ya hemos visto terminar en hiperinflación.
Los años dos mil trajeron otra hornada de presidentes que cayeron por la vieja receta de soberbia y vacío de poder. Carlos Mesa Gisbert (2003–2005) llegó a Palacio con la frente alta de quien ha escrito libros y cree que la elocuencia sustituye la política. Heredó un país convulsionado por la “Guerra del Gas” y, en lugar de tejer alianzas, se dedicó a dar discursos televisados como si fuera un profesor en una cátedra.
Su arrogancia intelectual le impidió construir poder real: no tenía partido, no tenía bancada, no tenía calle. Cuando los bloqueos lo cercaron, ensayó una táctica tan insólita como suicida: amenazar con renunciar ante las cámaras esperando que el pueblo le rogara quedarse. El Congreso, harto del chantaje emocional, un día le aceptó la dimisión. Mesa se fue llorando, convencido de que Bolivia le había fallado a él, sin entender jamás que fue él quien le falló a Bolivia al confundir el rating con la gobernabilidad.
Eduardo Rodríguez Veltzé (2005–2006) fue un juez interino que llegó a la presidencia como quien ocupa un asiento vacío en el autobús. Su ineptitud administrativa fue tan espesa que ni siquiera sabía lo que ocurría en los cuarteles. El escándalo de los misiles chinos desactivados y entregados en secreto a Estados Unidos, del que alegó desconocerlo todo, retrató su gestión: un presidente que ignora lo que sucede en su propia casa no gobierna, alquila el despacho.
Rodríguez Veltzé encarnó la inacción pura, la burocracia inerte que solo observa mientras el país se convulsiona. Su paso por palacio fue un suspiro avergonzado que nadie recuerda con orgullo. Evo Morales Ayma (2006–2019) es el presidente que condensa las tres cuerdas como nadie, y que incluso hoy, desde el exilio tuitero, sigue siendo uno de los principales problemas de Bolivia.
Morales asumió en 2006 con una legitimidad popular que rozaba lo mitológico y una bonanza económica que le llovió del cielo en forma de altos precios del gas. Durante años, gobernó con carisma y recursos, pero el poder sin contrapesos es un ácido que corroe hasta las mejores intenciones.
La primera soga, la de la prepotencia personal, le creció como una enredadera: se creyó indispensable, eterno, infalible, como si de un Dios se tratase. Usó el misticismo de la Pachamama, el Pueblo y el indigenismo como una bandera que no dudo en quemarla, escupirla y estafarla.
En 2016 perdió un referéndum que él mismo convocó y, en lugar de aceptar la derrota, la torció con un fallo constitucional amañado que olía a fraude. Esa soberbia lo llevó a presentarse en 2019 contra toda legalidad, dinamitando la institucionalidad que él mismo había construido.
La segunda fue su entorno: un partido, el MAS, que se convirtió en una corte de aduladores que le lamía las botas. Los ministros eran sus vasallos, no asesores. La disidencia era traición. El entorno no corregía, aplaudía. Y cuando el fraude electoral de 2019 fue documentado por la OEA, ese entorno se desmoronó en horas, dejando a Evo sin palacio.
La tercera soga fue el vacío de poder que se le abrió cuando la calle estalló. Los bloqueos ya no eran de sus opositores, sino del pueblo harto. Las Fuerzas Armadas le retiraron el apoyo. Y Evo, el líder que lo había tenido todo, huyó a México y luego a Argentina, convertido en un fantasma que tuitea consignas mientras su propio partido se descuartiza en facciones.
Hoy, en 2026, Evo Morales sigue siendo un gran problema vivo para cualquier presidente: su sombra dividió al MAS, sus tuits encienden hogueras, su influencia es un ancla que impide que hasta los izquierdistas más experimentadosn no puedan gobernar con sensatez.
Es el ejemplo más consumado de los tres factores actuando a la vez: soberbia, entorno devorador y vacío de poder, todo en un solo hombre que oculta un poder siniestro. Luis Arce Catacora (2020–2025) fue el artífice voluntario del desastre. Como ministro de Economía durante más de una década, y luego como presidente, Arce diseñó y defendió un modelo económico que dejó a Bolivia sin reservas, sin dólares y con el aparato productivo colapsado. Su ineptitud no fue producto de un entorno tóxico que lo acorraló, sino de una elección consciente.
Eligió negar la escasez de combustible mientras las colas en los surtidores se alargaban. Eligió atribuir la falta de divisas a un complot mediático en lugar de corregir el rumbo. Eligió rodearse de un gabinete de aduladores que le aplaudía las ocurrencias mientras la inflación devoraba los bolsillos. Fue un inútil con plena autodeterminación, un técnico que usó sus credenciales no para gestionar, sino para esconder el naufragio bajo estadísticas maquilladas.
Su presidencia fue el funeral de un modelo que él mismo había embalsamado, y su legado es la crisis estructural que hoy asfixia a cualquier sucesor. No lo devoró el entorno: él mismo se anudó las tres sogas al cuello con meticulosidad de contador, y cuando el país tronó, ni siquiera tuvo la decencia de reconocer que el desastre llevaba su firma.
Y aquí estamos, en 2026, con Rodrigo Paz Pereira ocupando un cambio residencial muy ansiado, pero que el presidente se asfixia a sí mismo. Usted, lector, ya conoce los síntomas: bloqueos que estrangulan las rutas, un gabinete que se fugó y se fugará en cadena, un presidente que responde con retórica de think tank mientras el país le pide diésel, comida, dólares y orden.
Paz Pereira enfrenta las tres sogas al mismo tiempo. Su vacío de poder es atroz: no controla las carreteras, no estabiliza el abastecimiento, no convence a los mercados. Su ceguera ante el poder —esa fe ingenua en que las reformas de libre mercado se auto-implementarán, o esas ganas de dialogar a un teatro donde ni sus propios padres asisten— le impide corregir el rumbo. Y su entorno, ese gabinete que ya desertó y el que aguanta, no asesora, no ejecuta, no contiene.
El presidente está ahí, pero no hace nada. ¿Qué hacer, entonces? La historia ofrece dos caminos claros como espejos enfrentados. Puede optar por la ineptitud del diálogo eterno, ese que siguieron Siles Zuazo en su segundo mandato, Mesa y Arce, esperando que los problemas se disuelvan con palabras mientras el país se desangra. O puede seguir la senda del pragmatismo que el propio Siles inauguró en 1956 y que Paz Estenssoro retomó en 1985: ejercer la autoridad con la fuerza que la ley permite, incluso si eso implica restringir momentáneamente ciertos derechos para garantizar la seguridad y el abastecimiento de millones.
La democracia no es solo diálogo; es también el imperio de la ley, que incluye la coerción legítima del Estado para defender y velar por la seguridad de los once millones de bolivianos, quienes están secuestrados con trancas y desabastecimiento por unos cuantos. Paz Pereira debe elegir, y pronto. Porque si no aprende de los veintidós presidentes que estuvieron antes que él, y que cayeron olímpicamente, su nombre será una línea más en el obituario de un país que ya no está para pagar los platos rotos de otro alumno que se creyó maestro.
La historia, esa vieja implacable, no cobra entrada, pero siempre, siempre pasa factura. ¿Será que el presidente aprovechará las lecciones de la historia para tomar mejores decisiones?...
Francisco Méndez Manzaneda estudia Relaciones y Negocios Internacionales.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
