inalmente, después de seis meses de administración, el gobierno presentó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 ya entrado el cuarto mes del año. El principal instrumento económico del país llegó con la puntualidad legendaria de ciertos vuelos nacionales: tarde, pero con una conferencia de prensa coqueta en la forma.
Debe reconocerse un avance importante: la incorporación de una plataforma digital que permite observar ingresos y gastos en tiempo real, elevando los estándares de transparencia fiscal. En una nación donde durante años el Presupuesto fue tratado como manuscrito medieval de miles de páginas, abrir las cuentas públicas al escrutinio ciudadano constituye un paso valioso.
Más allá del celofán tecnológico, los supuestos macroeconómicos del PGE 2026 son severos. Este reconoce que Bolivia seguirá en recesión durante 2026, completando tres años consecutivos de contracción económica. La proyección oficial sitúa la caída del PIB en -1,28 %, mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) manejan escenarios aún más pesimistas. El Fondo proyecta que el decrecimiento, para el año en curso, será de -3,3 %.
Una recesión económica ocurre cuando un país produce menos, vende menos y genera menos empleo: se ve en gente parada, máquinas sin trabajar y tierras sin cultivar; es decir, recursos desperdiciados y capacidad ociosa. Es una etapa dura, pero normalmente transitoria. Una depresión, en cambio, es una versión mucho más grave y prolongada: caída fuerte de la actividad, cierre de empresas, desempleo persistente y pérdida de confianza general.
El gobierno boliviano proyecta una contracción moderada, habla de recesión. El FMI plantea un escenario bastante peor, se acerca más a una depresión. Y aunque incomode admitirlo, en varias ocasiones las proyecciones del Fondo han estado más cerca de la realidad boliviana que las oficiales.
En materia de precios, el panorama tampoco ofrece descanso. El Presupuesto estima una inflación de 15 %, mientras el FMI sugiere cifras cercanas al 2 0%. Traducido al lenguaje ciudadano: el dinero seguirá adelgazando, aunque uno lo guarde con cariño en la billetera.
Para una economía que durante años vivió bajo la comodidad de la estabilidad nominal y una inflación parcialmente anestesiada por subsidios, convivir ahora con tasas de dos dígitos ya no parece un accidente pasajero, sino una nueva normalidad bastante menos amable.
La inflación erosiona salarios, distorsiona contratos, desordena decisiones de inversión y castiga con especial severidad a los hogares de ingresos fijos, esos que no pueden renegociar su sueldo cada vez que sube el tomate o el transporte. En otras palabras, mientras algunos ajustan precios con velocidad olímpica, muchos trabajadores ajustan su presupuesto con resignación franciscana.
En las próximas semanas veremos además la respuesta clásica del manual boliviano: diversos sindicatos articulados alrededor de la Central Obrera Boliviana utilizarán esta inflación de dos dígitos como argumento central para exigir reajustes salariales. Y no les faltará lógica inmediata: cuando el costo de vida sube, el salario real baja.
El desafío, sin embargo, es que, si esos incrementos no vienen acompañados de productividad, disciplina fiscal y mayor oferta, el remedio puede terminar alimentando la misma enfermedad. Es el viejo drama de perseguir precios con salarios mientras los precios corren más rápido.
El frente fiscal confirma la magnitud del problema que enfrenta la economía boliviana. El gobierno reconoce que el déficit heredado no era 12 %, sino cercano al 15 % del PIB, y proyecta reducirlo a 9 % del PIB en 2026. Es un ajuste relevante, pero aún deja al Estado gastando muy por encima de sus ingresos. En términos simples: se promete dieta fiscal, pero todavía con postre doble. La corrección es necesaria, aunque insuficiente para estabilizar de forma duradera la deuda pública y recuperar confianza.
El déficit público sigue siendo la madre, el padre y varios primos de buena parte de los desequilibrios económicos de Bolivia, y abordarlo con una terapia excesivamente conservadora envía una señal débil a los agentes económicos y, desde luego, luce como carta de presentación poco seductora ante el FMI si se busca apoyo externo.
Además, el gobierno ha concentrado el ajuste casi exclusivamente en recortes de gasto, guardando un elegante silencio sobre los ingresos del Estado y postergando otra vez la oportunidad de avanzar hacia mayor justicia distributiva.
No es menor detalle: amplios sectores de la economía, como cocaleros, cooperativistas mineros (especialmente del oro), grandes gremiales y grandes propietarios de la tierra, tributan muy poco o directamente practican el noble deporte nacional de no pagar impuestos.
Un supuesto particularmente delicado es el precio del petróleo. El PGE trabaja con una referencia cercana a $us 65 por barril, mientras los mercados internacionales han mostrado niveles bastante superiores, acercándose a $us 90 en ciertos momentos. Si esa brecha persiste y los precios internos de gasolina y diésel permanecen contenidos, el costo fiscal de los subsidios volverá a presionar las cuentas públicas.
En otras palabras: cuando el barril sube afuera y la gasolinera no sube adentro, alguien paga la diferencia. Generalmente el Tesoro General de la Nación. Y cuando el Tesoro ya está exhausto, la factura simplemente se posterga.
Además, el déficit público sigue siendo alto y el Presupuesto 2026 vuelve a postergar el ajuste en una de sus raíces estructurales: las empresas públicas deficitarias. El gobierno se otorga tres meses más para evaluar si las cierra, privatiza, fusiona, capitaliza o reestructura.
En términos económicos no decidir también cuesta, porque muchas de estas empresas absorben recursos fiscales, generan pérdidas recurrentes y en algunos casos sobreviven gracias a transferencias estatales o endeudamiento indirecto.
Una empresa pública puede cumplir funciones estratégicas, pero cuando se convierte en un pozo sin fondo presupuestario deja de ser política de desarrollo y pasa a ser subsidio permanente con uniforme corporativo. El problema ya no es ideológico, sino de eficiencia, sostenibilidad y prioridades fiscales.
En el pasado los presupuestos presentaban cuál sería la situación del tipo de cambio. Este no menciona qué pasará con el precio del dólar. Esta es una omisión importante porque genera susceptibilidades en las expectativas de los agentes económicos.
En síntesis, el PGE 2026 tiene una virtud indiscutible: dice con más honestidad que antes que la crisis continúa. Habrá recesión, inflación elevada, déficit todavía grande y vulnerabilidad energética.
Lo novedoso no es el diagnóstico, sino que ahora se muestra en pantalla interactiva. Y eso, aunque valioso, no sustituye reformas estructurales. Porque una economía no se cura por tener un mejor panel de control (dashboard); se cura con crecimiento, disciplina fiscal, productividad e instituciones serias.
El gobierno presentó algo parecido a una serie de Dr House: excelente diagnóstico, ambiente moderno, pantallas brillantes… pero el paciente sigue delicado en terapia intensiva.
Gonzalo Chávez Álvarez es economista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
