ace poco vimos en periódicos nacionales, como El Deber, titulares que festejaban la entrega de 62 antenas de Starlink para unidades educativas. En plena ola de conflictos sociales y bloqueos, el gobierno utilizó como estrategia de comunicación la entrega de estas conexiones gratuitas a dirigentes de El Alto, buscando proyectar una imagen de gestión inmediata. El mismísimo Elon Musk celebró el hecho con un tuit en su cuenta de X, destacando que su empresa ofrece una "tecnología confiable" para conectar a miles de estudiantes.
Pero detrás de la urgencia del gobierno por mostrar resultados, los aplausos mediáticos y la narrativa del "progreso", se esconden riesgos estructurales que no podemos pasar por alto. ¿Realmente es un motivo de celebración?
1. La trampa del conflicto social Es profundamente alarmante que el Estado utilice acuerdos con una corporación privada extranjera como ficha de negociación política para apaciguar movilizaciones sociales. Utilizar la infraestructura de uno de los mayores multimillonarios del planeta como un salvavidas de corto plazo para mitigar crisis internas en El Alto es una estrategia miope. En lugar de financiar, expandir y potenciar a ENTEL —que debería ser el motor seguro y público de la inclusión digital en el país—, el gobierno capitula su responsabilidad, promociona un monopolio externo y legitima el negocio privado a cambio de una paz social momentánea.
2. La privatización de servicio básico El acceso a internet ya no es un lujo; es un servicio básico y un derecho indispensable para la educación y el desarrollo de las comunidades. Al poner este servicio en manos de Starlink, sometemos la conectividad de nuestras escuelas a intereses comerciales transnacionales que no responden ante el Estado boliviano. Esta vulnerabilidad se duplica en un país que, lamentablemente, sigue sin contar con una Ley Integral de Protección de Datos Personales. ¿En manos de quién estamos dejando el rastro digital de las futuras generaciones?
3. El riesgo geopolítico en la jurisdicción Al contrario de lo que especulan algunas teorías sobre supuestos sistemas de espionaje directo en las antenas, el peligro institucional real es otro: la soberanía jurídica. Al usar la red de Starlink, el tráfico de datos viaja y aterriza necesariamente en servidores bajo legislación estadounidense. Esto significa que la información de miles de estudiantes bolivianos queda sujeta a las leyes, tribunales e intereses geopolíticos de otro país. Si el día de mañana el Estado boliviano requiriera un control legal o soberano sobre esa información, se encontrará con que los datos están bajo una jurisdicción ajena.
4. La vigilancia como una forma indirecta Permitir que la información estratégica del país termine en servidores norteamericanos abre una compuerta directa para gigantes de la analítica de datos y la vigilancia predictiva, como Palantir Technologies, que ya merodea con fuerza en América Latina, recientemente tuvo un encuentro con Milei. No estamos hablando de empresas tecnológicas comunes: Palantir es la corporación de software militar y espionaje más grande del mundo, profundamente vinculada al desarrollo de inteligencia artificial aplicada en conflictos bélicos recientes (como el soporte de objetivos en la guerra de Israel) y conocida por diseñar sistemas de rastreo para las políticas antimigratorias de Donald Trump. Entregar los datos de navegación, ubicación y comportamiento de comunidades estudiantiles de El Alto y el resto del país a infraestructuras permeables a estos gigantes es una temeridad. En el siglo XXI, nuestros datos son el combustible de la maquinaria bélica y corporativa global.
La necesidad de conectar las aulas de nuestras comunidades es real, urgente y legítima. Sin embargo, la respuesta ante los conflictos sociales no puede ser hipotecar la privacidad, la seguridad y la soberanía tecnológica de las próximas generaciones. La tecnología de Starlink puede ser publicitada por Musk como "confiable" en la superficie, pero la dependencia estructural y la pérdida de soberanía que genera es un peligro latente que no debemos aplaudir.
¿Es aceptable canjear la soberanía de nuestros datos y el rol de nuestras empresas estatales a cambio de parches temporales en momentos de crisis?
Khantuta Muruchi Escóbar es socióloga.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad de la autora y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
