esde hace algunas semanas, los líderes políticos nacionales han iniciado el debate sobre una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), luego de constatar que la modificación de leyes fundamentales puede verse limitada por los mandatos de esta norma suprema.
La iniciativa no solo es oportuna sino necesaria, ya que, luego de 17 años de vigencia, la Constitución actual se ha convertido en una barrera para facilitar la inversión privada y la actividad productiva; garantizar independencia en el sistema judicial; asegurar la vigencia plena del Estado de derecho y posibilitar la unidad nacional.
El debate dejó de ser declarativo y ya ha producido dos propuestas: la del expresidente Jorge Quiroga y la del asambleísta de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, a las que se han sumado el presidente del Senado y el propio mandatario Rodrigo Paz. El tema también generó la protesta de la debilitada izquierda nacional y de Evo Morales quien, pese a que en 2023 abogó por realizar cambios en la CPE, hoy ha expresado su rechazo.
Más allá de la decisión política, lo cierto es que el camino para concretar este proyecto es complejo e incierto, en parte porque el mecanismo diseñado por la actual Constitución para modificar su contenido puede convertirse en el principal obstáculo. La cuestión de fondo no es solamente qué artículos modificar, sino qué tipo de Estado, modelo económico, sistema de justicia y distribución territorial del poder necesita Bolivia para superar su crisis y solucionar problemas no resueltos como la ausencia de una visión común de país, la pobreza persistente, la debilidad institucional, el aislamiento internacional y la polarización social.
El primer conflicto que enfrentará la iniciativa será decidir su alcance. Una reforma parcial puede terminar convirtiéndose en una disputa artículo por artículo, donde cada modificación sea interpretada como una batalla ideológica. Una reforma demasiado amplia, por su parte, puede ser interpretada como un intento de desmontar integralmente el modelo de Estado Plurinacional y provocar una reacción de los sectores que consideran la CPE parte esencial de su identidad política.
Además, debe alcanzar consensos sobre la dimensión de la propuesta. La Carta Magna regula con excesivo detalle materias económicas y sectoriales que, en otros países, corresponden principalmente a leyes. Aunque esa tendencia protege determinadas políticas frente a cambios coyunturales, en los hechos reduce la capacidad de adaptación del Estado y limita la posibilidad de realizar ajustes necesarios en las políticas de gobierno. Por eso, uno de los acuerdos más importantes no necesariamente será cambiar la orientación de cada artículo, sino determinar qué debe estar en la Constitución y qué debe quedar al ámbito de la ley.
Aquí entra también el clima de opinión pública al momento de llevar la reforma a un referéndum. La propuesta puede fracasar electoralmente si se convierte en un plebiscito político sobre el gobierno o sobre un liderazgo, incluso cuando formalmente la consulta se refiere a una disposición específica. Una derrota de la consulta no sería simplemente el rechazo de un proyecto reformista: podría producir un efecto de congelamiento que hará imposible volver a plantear inmediatamente nuevas reformas.
Un segundo problema será jurídico. El artículo 411 de la CPE distingue entre reforma total y parcial, aunque es imprecisa respecto a la diferencia. También establece una serie de límites y condiciones, incluyendo la realización de una Asamblea Constituyente, la aprobación de una ley con dos tercios del Parlamento y la realización de referéndums ratificatorios. Por su parte, la normativa específica también incorpora al Órgano Electoral que debe aprobar las preguntas del referéndum, y al Tribunal Constitucional que debe avalar todo el proceso: un entramado jurídico complejo que necesita de acuerdos y consensos difíciles de alcanzar.
Un aspecto que se debe considerar es que cambiar la Constitución no resuelve per se los problemas coyunturales. Puede crear mejores reglas para enfrentarlos, pero no puede sustituir la política económica, la gestión pública ni la capacidad del Estado. Una mala administración con una buena Constitución seguirá siendo una mala administración.
Bolivia necesita modificar su Constitución, pero no puede permitirse que la reforma termine dividiendo nuevamente al país ni confundir un cambio de reglas con la solución automática a sus problemas. Un texto constitucional mejorado puede abrir el camino a la justicia independiente, la apertura a la inversión privada, las autonomías plenas y una economía más libre; pero serán las instituciones, las leyes y la capacidad de gobernar las que conviertan esas reglas en resultados.
El desafío no es simplemente cambiar algunos artículos. Es construir un nuevo acuerdo nacional sobre las reglas que deben ordenar el poder, la economía y la convivencia democrática. Bolivia no necesita otra confrontación política: necesita un pacto democrático y territorial que apueste por un ajuste constitucional gradual, técnicamente fundado y políticamente acordado, acompañado de una profunda transformación legislativa e institucional.
Ronald Nostas Ardaya es administrador de empresas e industrial.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
