ace unos días se dio a conocer la compra de un lujoso vehículo de parte del ahora ex Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lo llamativo del asunto fue que se presume que es una compra irregular debido a que el documento notarial registraba montos que no coincidían con el valor real de la transacción. Como consecuencia el Vice, ni corto ni perezoso, le abrió un proceso penal y el Ministerio Público ha iniciado una investigación por los delitos de “falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado”, además de “falsedad en la declaración de bienes y rentas”.
En todo caso, se espera que la justicia boliviana realice una investigación seria y determine si existe o no materia justiciable que amerite una pena, por lo pronto, como lo establece el Art. 116 par. I de la Constitución Política del Estado se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Pero, el problema no es el Audi, el problema es el contexto. Nadie puede negar que Bolivia está atravesando una crisis económica que repercute en la calidad de vida de la gente, los precios de los productos de primera necesidad han subido; cada vez es más difícil llevar la comida a la mesa y eso genera malestar; no hay trabajo ni siquiera para los profesionales en un mercado casi inexistente. Cabe recordar que el gobierno del presidente Paz, desde el primer día que entró a comandar el barco, dijo que encontró una Bolivia destruida, una “cloaca” de corrupción y un “Estado tranca” que no genera riqueza, al contrario genera más pobreza.
Había que “salvar la patria” y tomar medidas de shock, eso significa que el pueblo tiene que amarrarse los pantalones y hacer enormes sacrificios para que el país salga adelante, con la promesa de mejores días para todos. Por lo menos, así se entiende el discurso oficial, todos tenemos la obligación de aportar en la recuperación de la patria que está en terapia intensiva, luego de veinte años de dilapidar recursos económicos y sumir al país en una espiral de corrupción y destrucción del aparato productivo. Ha sido la diputada del PDC, Claudia Bilbao, quien pidió a la población aguantar la crisis comparando al presidente con un “padre” de familia, dijo que todos los bolivianos tienen que aguantar la crisis y apoyar las medidas del presidente. Dicho de otra manera, eso se traduce principalmente en pasar hambre y bajar la calidad de vida, mientras dure la tormenta.
Claro es más fácil para una persona que percibe un salario superior a los Bs. 20.000 pedir a la gente que “aguante”, cuando en muchos casos gran parte de la población trabaja para sobrevivir y pasar el día, esto sumado a los más de 50 días de paro que ha provocado una sensación de abandono por la lenta reacción del Gobierno, cabe resaltar que los precios después de ese periodo de bloqueos no han vuelto a lo que eran antes, lo que repercute en los bolsillos.
Aun así la población está dispuesta a realizar cualquier sacrificio mientras pueda trabajar y generar plata para el pan de cada día, pero resulta que en ese contexto de vacas flacas, de sacrificios y mesura, el Ministro de Economía se compra un vehículo de alta gama con un valor de 350.000 bolivianos, y aparentemente miente en su declaración jurada, eso provoca una natural indignación en el ideario de la gente que espera que se predique con el ejemplo. Para empeorar las cosas el exministro de Economía no asistió a una convocatoria de interpelación de la Asamblea Legislativa, como consecuencia, el pleno aprobó su censura.
En mi opinión, el Sr. Espinoza puede ser un buen burócrata estatal y un gran profesional, que tiene todo el derecho de comprarse los carros que quiera, eso no está mal, pero habiendo ocupado un cargo de tanta importancia en el Gobierno debe tener tino, lectura del contexto sociopolítico que atraviesa el país; sobre todo, cuando él está a la cabeza de toda la política económica del país; por tanto, por un mínimo de sentido común este no es el momento para darse esos lujos, siendo él una figura pública que siempre va estar en el ojo de la tormenta.
La exautoridad ha decidido acudir a la justicia constitucional para restablecer sus derechos vulnerados, por parte del Legislativo, ante la supuesta y arbitraria censura, en todo caso si el Tribunal Constitucional Plurinacional le diera la razón, creo que devolverle su cargo sería un error estratégico para el presidente Paz, considerando que está atravesando una coyuntura política muy difícil y día que pasa, día que pierde credibilidad y legitimidad.
La gente vive en constante incertidumbre por lo que pueda pasar y el trauma causado por los más de 50 días de bloqueo y el lento e indiferente accionar de las autoridades gubernamentales, genera temor en el conjunto de la sociedad, por lo menos así se siente en la sede de Gobierno. La falta de gasolina, el incremento del precio del diésel y los problemas internos al interior del gobierno, no ayudan a mejorar la desgastada imagen del Presidente y su entorno más cercano, entonces, abrir otro frente de batalla no es muy saludable.
Como corolario, el atentado contra la activista Nadia Beller ha destapado una serie de acusaciones de corrupción que salpican hasta el entorno más cercano del presidente y las repercusiones son enormes, el silencio de la máxima autoridad del país no ayuda y la situación se torna más compleja, ahora más que nunca el gabinete ministerial debe actuar con inteligencia sabiendo que todas las decisiones que toman, sus declaraciones y su vida privada están bajo la lupa del conjunto de la sociedad, en especial de los opositores que buscan ávidamente que este gobierno fracase y beneficiarse de su caída, en especial esa izquierda oportunista que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población pero que ha llenado sus bolsillos a través de la corrupción y la prebenda.
En todo caso, a casi un año de gobierno, el Estado “tranca” no se “destranca”, al contrario se “estanca”. La pregunta que queda es: ¿Aún hay tiempo?
Yuri Omar Valencia Linares es comunicador social y abogado.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
