n Bolivia, el caos político no es la ausencia de poder constituido. Es algo más preocupante: es el poder funcionando sin coherencia, sin jerarquía clara, sin brújula institucional y sin reglas estables. Es el Estado que va tomando decisiones, pero sin que nadie —ni dentro ni fuera del Gobierno— pueda anticipar hacia dónde se mueven.
A poco de cumplir seis meses de gestión gubernamental, el país ha visto desfilar tres presidentes de YPFB y la destitución Mauricio Medinaceli, un ministro clave en medio de la crisis energética que no da tregua. Por si fuera poco, vio la renuncia del viceministro de Seguridad Ciudadana, el segundo de ese rango en alejarse del Ministerio de Gobierno en este tiempo. No es solo una rotación de autoridades, es la descomposición en el mando político. Es la constatación de que el oficialismo gobierna el Ejecutivo, tiene escasa influencia en el Legislativo y su presencia en el mapa regional se acerca a lo residual. Logró dos de nueve gobernaciones, una con cuestionamientos de legitimidad democrática, lo que le obliga a convivir —o chocar— con liderazgos autonómicos que no le responderán.
Y ahí aparece otra capa del caos político que envuelve a la actual administración gubernamental: el poder fragmentado. No hay hegemonía, pero tampoco hay equilibrio. Hay dispersión. El cuadro se completa con una economía que presiona desde abajo: la mala calidad de la gasolina y la escasez de diésel han provocado que las protestas y bloqueos de transportistas reaparezcan en La Paz y El Alto como un síntoma de la desconfianza social. Hay que recordar que cuando la economía se tensiona en el país, la política se incendia.
Pero, el síntoma más revelador no parece estar en las calles, sino dentro del propio poder. Las tensiones internas —incluyendo los enfrentamientos entre el presidente y vicepresidente desde el inicio del Gobierno— muestran que el conflicto ya no es solo entre el oficialismo y las oposiciones, sino entre las tres facciones del PDC que dejan ver lo que le sucedió al MAS en su fase final: la implosión.
Con todos los antecedentes anotados, hablar de “caos político” no es una exageración retórica. Es describir un sistema en el que las decisiones son reactivas, no estratégicas; las autoridades son transitorias, no estables y el poder es motivo de disputa incluso dentro del propio Gobierno.
El problema es que el caos político, cuando se vuelve rutina, deja de ser crisis y se convierte en método. Y cuando eso ocurre, la institucionalidad deja de ordenar la política, empieza a sobrevivirla.
Aquí elementos que tal vez puedan servir para revertir la situación antes de que sea demasiado tarde. Salir del caos político no pasa solo por “ordenar la comunicación” como veo y escucho repetidamente. Tampoco pasa por cambios cosméticos como los que se presentan frecuentemente en varias áreas del Ejecutivo. Salir del caos político supone reconstruir las reglas del juego dentro del propio poder y hacia afuera.
Para salir del caos político, hay que restituir la cadena de mando político en el Gobierno, comenzando por el presidente. No hay gobernabilidad posible si los ministros duran semanas, si las empresas estratégicas funcionan como puertas giratorias o si las decisiones se contradicen entre sí. Hemos visto una colección de versiones sobre la mala gasolina, incluida la del sabotaje denunciado por el propio mandatario. que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Recomponer la cadena de mando político es indispensable.
Para salir del caos político, hay que reordenar el frente interno. Mientras el oficialismo siga procesando sus disputas en público y no ponga las cosas claras en el bloque parlamentario, cualquier intento de gobernar tendrá como característica la debilidad. La historia política boliviana muestra que las fracturas internas suelen ser más determinantes que la presión opositora que viene de afuera. Hernán Siles-Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada-Carlos Mesa, Rodrigo Paz-Edmand Lara son algunos ejemplos.
Para salir del caos político, hay que recuperar la iniciativa gubernamental, pero en serio. Hoy el Gobierno reacciona a la crisis energética, a las protestas sociales o a los escándalos que estallan recurrentemente en los medios de comunicación, pero no fija la agenda nacional. Sin equipos consolidados, no hay política pública, solo administración del sobresalto.
Salir del caos político implica volver a gobernar con horizonte, incluso en condiciones adversas. Eso significa anticiparse a los conflictos, transparentar decisiones críticas (como la gestión de los combustibles) y asumir los costos políticos antes de que los imponga la realidad.
Un Ejecutivo debilitado en las regiones no puede seguir actuando como si tuviera control hegemónico. La convivencia con gobernaciones y liderazgos locales adversos requiere negociación política real, no solo administración de las tensiones o decir que habrá “liderazgo conjunto”. La alternativa —el choque permanente— solo profundizará la fragmentación del poder.
Cuando la población y los rivales políticos perciben improvisación, cambios constantes y falta de claridad, el resultado no es solo incertidumbre económica, sino deslegitimación política. Recuperar confianza no se logra con discursos, sino con coherencia sostenida en el tiempo.
Seguir gobernando en modo reactivo, con liderazgos en disputa y decisiones volátiles es una invitación a la prolongación del caos político. El problema de fondo no es que el poder esté en crisis. Es que, hasta ahora, parece cómodo en ella.
Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
