odríamos ensayar el criterio que Bolivia ya no está en crisis: está en negación. Mientras la economía se desacelera, la inflación golpea el bolsillo y la incertidumbre marca cada decisión cotidiana, la dirigencia política, oficialismo y oposición, sigue atrapada en el cálculo pequeño, la disputa estéril y la irresponsabilidad compartida. No es exageración, es un diagnóstico incómodo que muchos prefieren evitar.
El modelo que sostuvo al país durante años muestra signos claros de agotamiento. Las reservas son insuficientes, el Estado gasta más de lo que puede sostener y la energía, base de cualquier economía, se ha convertido en una vulnerabilidad crítica. Sin embargo, en lugar de enfrentar la realidad, se insiste en administrar el relato. Y los relatos no pagan importaciones, no generan empleo ni llenan la olla.
Lo más grave no es la crisis, sino la falta de reacción. Bolivia necesita con urgencia la convocatoria a una Cumbre o Acuerdo Político Nacional Vinculante, con la participación de representantes de los sectores productivos y la sociedad civil organizada que valide, ajuste y priorice un Plan de Emergencia Nacional y su correspondiente Unidad Ejecutora independiente. Este plan no podrá ser un documento decorativo, deberá contener decisiones duras que devuelvan estabilidad mínima. Todo empieza por decir la verdad, sin maquillaje. Se requiere una auditoría real de las finanzas públicas, un reordenamiento del gasto que elimine privilegios y despilfarro, y una estrategia clara frente a la fragilidad energética. Sin energía no hay producción, y sin producción no hay país que resista.
Pero ningún plan sobrevivirá sin un Gran Pacto Social auténtico. La política ha degradado ese concepto hasta convertirlo en sinónimo de reparto de cuotas de poder. Hoy se necesita lo contrario: un acuerdo para poner límites, asumir costos y priorizar el interés nacional por encima de caudillos y grupos.
Hay, además, una verdad incómoda: sin compromiso ciudadano, no hay pacto que funcione. No se puede exigir disciplina fiscal mientras se normaliza la evasión, ni reclamar servicios de calidad mientras se tolera la corrupción cotidiana. El ciudadano no es solo víctima de la crisis, también es actor de la salida. Cumplir obligaciones, exigir rendición de cuentas y rechazar prácticas que destruyen la economía formal son condiciones reales para que cualquier acuerdo tenga éxito.
Mientras tanto, la gente ya paga la factura: alimentos más caros, incertidumbre laboral y pérdida del poder adquisitivo. Un pacto serio implica compromisos concretos: disciplina fiscal, reglas claras para la inversión, protección focalizada para los más vulnerables y una tregua política mínima para aplicar medidas que serán impopulares. Salir de una crisis tiene costos; postergar decisiones también, pero mucho más altos.
Bolivia enfrenta una disyuntiva clara: ordenar la casa ahora o caer en un deterioro más profundo en el corto plazo. No hay tercera vía. El margen se achica y la pregunta ya no es técnica, es política: ¿hay voluntad real para asumir la magnitud del problema o se seguirá administrando la ilusión?
Porque si no hay pacto, no habrá estabilización. Y sin estabilización, lo que viene no es debate… es colapso.
Fernando Crespo Lijeron es administrador de Empresas.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
